Este sábado, 7 de junio, se llevó a cabo la sesión 009 del Pleno de la Asamblea Nacional con la participación de 141 legisladores, de un total de 151. Durante la jornada, que se extendió por cerca de cuatro horas de debate, se aprobó en segundo debate la Ley de Solidaridad Nacional, una normativa calificada de urgente por el Ejecutivo, cuyo objetivo principal es combatir la economía criminal asociada al conflicto armado interno.
La ley recibió 84 votos a favor, suficientes para su aprobación. Sin embargo, el proceso legislativo también evidenció una fuerte división interna, con 46 votos en contra, 10 abstenciones y un voto en blanco, emitido por el legislador Cristian Andrés Benavides Fuentes.
Esta legislación fue impulsada por la mesa de Desarrollo Económico, y busca establecer un marco jurídico que fortalezca las capacidades del Estado frente a estructuras criminales que amenazan la seguridad nacional, con énfasis en el financiamiento del narcotráfico y otras actividades ilícitas.
A pesar del respaldo mayoritario, los 46 legisladores que votaron en contra cuestionaron diferentes aspectos del proyecto, incluyendo preocupaciones sobre la concentración de poder, posibles impactos sobre derechos ciudadanos y la falta de mecanismos de control claros en la ejecución de la norma.
«Estamos de acuerdo con combatir el crimen, pero no a costa de debilitar los derechos constitucionales», manifestó uno de los legisladores de oposición durante el debate.
El listado completo de los asambleístas que rechazaron el proyecto fue difundido por el Legislativo tras la sesión. Las bancadas que lideraron la oposición incluyen voces disidentes de diversos partidos, entre ellos Revolución Ciudadana, Pachakutik y algunos independientes.
Con la aprobación del texto, se espera que el Ejecutivo lo remita de forma inmediata al Registro Oficial, tal como había anticipado el presidente Daniel Noboa. Esto permitirá su entrada en vigencia inmediata, aunque las críticas en torno a su implementación y alcance legal podrían generar futuros cuestionamientos judiciales o demandas de inconstitucionalidad.
La sesión reflejó no solo el peso político del oficialismo y sus aliados, sino también la polarización en torno a las políticas de seguridad y gobernabilidad en el país.
