El presidente Daniel Noboa ha reiterado su intención de reactivar el catastro minero nacional, una medida clave para atraer inversión extranjera y dinamizar el sector extractivo. Sin embargo, este objetivo enfrenta un obstáculo legal: la Asamblea Nacional aún no ha aprobado la ley de consulta previa exigida por la Corte Constitucional.
La Corte, en un fallo emitido en noviembre de 2023, estableció un plazo de un año para que el Legislativo emita una ley que regule el derecho a la consulta previa, libre e informada a comunidades indígenas y pueblos ancestrales frente a proyectos que puedan afectar sus territorios. Hasta la fecha, no se ha presentado un proyecto con consenso suficiente.
Esta normativa es crucial porque condiciona el avance de nuevas concesiones mineras, ya que la consulta previa es un derecho reconocido por la Constitución ecuatoriana y respaldado por convenios internacionales como el Convenio 169 de la OIT.
“La reactivación del catastro minero debe hacerse respetando los derechos colectivos y en el marco de una ley clara”, señalan desde sectores ambientalistas y comunidades indígenas que siguen de cerca el tema.
Mientras tanto, el Gobierno busca enviar señales de apertura al capital minero, especialmente a inversionistas canadienses, chinos y australianos. Noboa ha indicado que se trata de una prioridad para impulsar la economía nacional, generar empleo y aumentar la recaudación fiscal. No obstante, sin una normativa legal sobre la consulta previa, cualquier intento de apertura corre el riesgo de ser objeto de acciones legales o suspensión judicial.
Desde la Asamblea, algunos bloques han expresado voluntad política para avanzar con la ley, pero el tema genera resistencia en sectores sociales y una fuerte presión desde movimientos indígenas, que exigen una participación real y mecanismos de veto efectivos en procesos de consulta.
Además, el conflicto no es solo legal, sino también político y social, pues refleja la tensión entre el modelo extractivista y los derechos colectivos. Ecuador se encuentra en una encrucijada: dinamizar su economía a través de la minería o proteger los derechos de comunidades históricamente marginadas.
Con el reloj corriendo hacia noviembre de 2024, la Asamblea Nacional tiene en sus manos una decisión clave que podría definir el futuro del catastro minero y el modelo de desarrollo que se adopte en los próximos años.
