La reciente propuesta del Gobierno ecuatoriano para implementar una nueva tasa de fiscalización minera podría tener un fuerte impacto económico en el sector extractivo. Según proyecciones de la Cámara de Minería del Ecuador (CME), el cobro anual a las compañías mineras podría alcanzar hasta los $53 millones, una cifra que, en ciertos casos, superaría el presupuesto operativo de varias firmas.
El gremio advirtió que esta medida podría generar un efecto disuasivo en la inversión extranjera y en los proyectos en marcha. “En un escenario donde los márgenes de rentabilidad ya son ajustados, esta tasa podría hacer inviable la continuidad de algunas operaciones, sobre todo de aquellas que se encuentran en fase exploratoria o que tienen inversiones medianas”, alertó la Cámara mediante un comunicado.
El objetivo de esta tasa, según el Ministerio de Energía y Minas, es financiar los mecanismos de control técnico, ambiental y legal necesarios para garantizar una explotación minera regulada y responsable. Sin embargo, desde el sector privado se insiste en que la medida llega en un momento inoportuno, cuando muchas empresas enfrentan incertidumbre regulatoria y dificultades de financiamiento.
Además, representantes del gremio han señalado que no existe claridad sobre los criterios que se utilizarán para calcular el valor exacto que deberá pagar cada empresa. Según trascendió, el cobro podría variar según el tipo de concesión y el nivel de avance del proyecto, pero aún no se ha definido un reglamento oficial. La falta de certezas jurídicas, según los voceros del sector, “compromete la competitividad del país en comparación con otras naciones mineras de la región”.
Actualmente, Ecuador cuenta con aproximadamente 300 concesiones mineras activas, de las cuales una parte importante se encuentra en etapa de exploración inicial. Estas operaciones, aunque todavía no generan ingresos significativos, también estarían sujetas al cobro de la tasa, lo que podría frenar nuevos desarrollos.
Por su parte, el viceministro de Minas, Javier Subía, ha defendido la implementación de la tasa como una herramienta necesaria para fortalecer las capacidades de fiscalización del Estado. «No se puede seguir permitiendo que se opere sin supervisión. Este ingreso permitirá equipar a las instituciones para ejercer un control real sobre la actividad minera», afirmó recientemente.
Mientras se afinan los detalles del reglamento, la CME ha solicitado al Gobierno una mesa técnica de diálogo para revisar la fórmula de cálculo y proponer alternativas que permitan asegurar los controles sin comprometer la viabilidad económica de los proyectos.
