La Ley Orgánica Urgente para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos, conocida como “Ley Antipillos”, es una de las medidas más ambiciosas del gobierno ecuatoriano para enfrentar el lavado de dinero y el crimen organizado. En palabras de José Julio Neira, director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), esta normativa representa un esfuerzo integral para cerrar brechas legales que facilitan estos delitos.
Uno de los puntos destacados de la ley es la regulación de la transferencia de dominio de vehículos usados, considerada el tercer riesgo más alto de lavado de activos en Ecuador. Según Neira, se identificaron múltiples transacciones de vehículos de lujo realizadas en efectivo, algunas por más de $80,000, sin rastros del beneficiario final o del origen del dinero, lo que servía como una fuente de financiamiento para actividades ilícitas. Con la nueva ley, la tasa para transferencias de vehículos de hasta $20,000 se reduce al 0,75 %, por debajo del 1 % anterior.
Otro aspecto relevante es la incorporación de proveedores de activos virtuales como sujetos obligados. Esto busca supervisar el uso de criptomonedas, frecuentemente vinculadas al crimen organizado y la pornografía infantil. La normativa exige que estos proveedores informen sobre transacciones sospechosas, identificando a las partes involucradas.
En el ámbito deportivo, los clubes y sociedades civiles sin fines de lucro serán reclasificados como sociedades anónimas deportivas, lo que los obligará a cumplir normativas de prevención de lavado de activos bajo la supervisión de la Superintendencia de Compañías.
Desde 2017, la UAFE ha judicializado siete casos relacionados con el lavado de activos, con un valor total de $173 millones. Sin embargo, hasta ahora, ningún monto ha ingresado a las arcas fiscales, ya que los delincuentes trasladan los fondos a otras cuentas antes de que las autoridades los confisquen. Para remediar esta situación, la ley incluye la posibilidad de congelar fondos a través de medidas cautelares administrativas, apoyadas por inteligencia artificial y tecnología avanzada que se adquirirá con el respaldo del Banco Internacional de Desarrollo.
Neira destaca que el fortalecimiento institucional es clave para el éxito de esta normativa. La UAFE ha implementado una purga interna de 42 funcionarios y ha sancionado casos de corrupción, incluyendo el encarcelamiento de un exfuncionario acusado de lavado de activos.
Aunque la Ley Antipillos no garantiza la erradicación del lavado de activos, representa un golpe directo a las finanzas del crimen organizado. Según Neira, su implementación será un paso significativo hacia un Ecuador más seguro y con una economía más transparente.
