La reciente propuesta de la «Ley antipillos», que busca implementar un impuesto a los vehículos usados, ha generado preocupación dentro del sector automotriz de Ecuador. El debate gira en torno a cómo se establecería este impuesto, que, según la normativa, se definiría a través de una resolución administrativa. Sin embargo, diversas voces del sector expresan su inquietud, señalando que esta forma de implementación podría generar incertidumbre y falta de seguridad jurídica.
David Molina, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Automotriz del Ecuador (Cinae), ha manifestado su desacuerdo con que el impuesto a los vehículos usados se fije por resolución administrativa en lugar de ser establecido de manera explícita en la ley. Según Molina, es fundamental que este tipo de impuestos se encuentren claramente definidos en la legislación, ya que de esta manera se otorgaría una mayor estabilidad y confianza a los actores involucrados, tanto empresarios como consumidores. El director señaló que las resoluciones administrativas pueden ser modificadas con facilidad, lo que no garantiza un marco normativo firme a largo plazo.
El sector automotriz también teme que la medida afecte la competitividad del mercado de autos usados en el país. Los expertos advierten que si se establecen impuestos de manera poco clara o que cambian frecuentemente, los consumidores podrían sentirse desmotivados a adquirir vehículos de segunda mano, lo que afectaría no solo a los vendedores, sino a toda la cadena de comercialización.
Desde el Gobierno, se ha argumentado que la «Ley antipillos» tiene como objetivo frenar el mercado ilegal de vehículos robados. Sin embargo, los empresarios y representantes del sector temen que la aplicación de este impuesto de manera administrativa afecte negativamente a los consumidores y genere una mayor informalidad en el mercado, ya que algunos podrían optar por evitar los impuestos establecidos o buscar opciones fuera del marco legal.
Este impuesto a vehículos usados también ha generado controversia sobre su impacto en la economía del país. Si bien se busca frenar el ingreso de vehículos robados o de origen ilícito al mercado, el sector privado sostiene que una medida tan drástica podría desincentivar la compra de autos usados y, por ende, disminuir las transacciones comerciales. De acuerdo con los datos disponibles, el mercado de vehículos usados representa una parte significativa de la industria automotriz, y una afectación en este sector podría llevar a consecuencias económicas indeseadas.
A medida que la discusión sobre esta ley continúa, los representantes del sector automotriz y la industria esperan poder llegar a un acuerdo con el Gobierno para que se establezcan normativas más claras y transparentes, que permitan garantizar la seguridad jurídica y fomenten la competitividad dentro del mercado automotriz.
