El 17 de diciembre de 2024, la Corte Constitucional (CC) anuló las decisiones judiciales que ordenaban la devolución de bienes y empresas a los hermanos Roberto y William Isaías, expropietarios de Filanbanco. Esta medida había sido tomada por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) en 2008, tras la quiebra de la entidad bancaria. En su fallo, la Corte consideró que las decisiones de los jueces Johnny Lituma, de la Unidad Judicial Norte 2 de Guayaquil, y los jueces Adolfo Gaibor y Carlos González de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, violaban los principios de seguridad jurídica y desnaturalizaban el proceso judicial.
Según el fallo de la Corte Constitucional, estos jueces habían transformado la medida cautelar en una acción de protección, lo que fue considerado un abuso de poder. Además, el fallo dejó sin efecto todas las actuaciones realizadas en el proceso número 09201-2018-02826, lo que implica que también quedan anuladas las providencias y diligencias que se habían emitido como parte de la ejecución de la sentencia original. Esto significa que todas las decisiones previas que favorecían a los Isaías han sido desestimadas.
En su resolución, la Corte también ordenó que el expediente del caso sea remitido a la Fiscalía General del Estado para que se investigue un posible delito de prevaricato por parte de los jueces implicados. El prevaricato se refiere a la acción de un funcionario público que emite resoluciones contrarias a la ley con conocimiento de su ilegalidad, y en este caso, la Corte considera que los jueces involucrados en el proceso podrían haber incurrido en esta falta al dictar sentencias que favorecieron a los hermanos Isaías.
La controversia sobre los hermanos Isaías se originó cuando, tras la quiebra de Filanbanco en 2008, la AGD confiscó bienes y activos pertenecientes a los exdueños del banco, como parte de un proceso para asegurar la recuperación de fondos para los afectados por la crisis bancaria. Sin embargo, en los últimos años, los Isaías han logrado obtener fallos favorables en tribunales que dictaron la devolución de estos bienes.
La decisión de la Corte Constitucional ha sido vista como un golpe a la defensa de los hermanos Isaías, quienes, a pesar de las sentencias anteriores que les favorecieron, no han podido recuperar sus propiedades. La anulación de las sentencias de los jueces es un paso importante en la lucha por esclarecer el destino de los bienes incautados y mantener la integridad del sistema judicial ecuatoriano.
Este fallo de la Corte no solo pone fin a los fallos favorables a los Isaías, sino que también abre la puerta a una investigación sobre posibles irregularidades dentro del sistema judicial. La decisión de la Corte Constitucional podría tener repercusiones en el futuro de otros casos judiciales que involucren medidas similares y cuestionamientos sobre la actuación de jueces en procesos de acción de protección.
