El 17 de diciembre de 2024, se llevó a cabo la audiencia de evaluación y preparatoria del juicio por delincuencia organizada en el caso Purga, en la que el exlegislador Pablo Muentes Alarcón y otras 22 personas, incluidas autoridades judiciales, son procesadas. La audiencia, que había sido previamente convocada a las 08:30, se retrasó hasta las 10:30 a.m. debido a un pedido de diferimiento solicitado por la procesada Tatiana V. M. y su abogado, Kevin García. La defensa argumentó que el cambio reciente de abogado, debido a una calamidad doméstica en la familia de la procesada, justificaba el aplazamiento para poder estudiar el voluminoso expediente.
El juez Javier de la Cadena, quien presidió la audiencia, rechazó el pedido de diferimiento. A pesar de los esfuerzos de los abogados defensores por aplazar la diligencia, de la Cadena aseguró que no permitiría que se interfiriera con el proceso, dada la importancia del mismo y los recursos movilizados por el Estado para su desarrollo. Al final, la defensa de Tatiana V. M. intervino al final de la jornada para dar tiempo a su nuevo abogado.
El caso Purga tiene su origen en la investigación de delincuencia organizada dentro de la Función Judicial, que también fue parte de una investigación anterior, el caso Metástasis. Este caso involucra a una red de corrupción en la que participan abogados, jueces, agentes carcelarios y otros funcionarios públicos, con el narcotraficante Leandro Norero Tigua como uno de los cabecillas. Norero habría utilizado su influencia para obtener beneficios penitenciarios para él y sus familiares a cambio de pagos ilegales.
Una de las claves de este caso es la cooperación eficaz de Mayra Salazar, exfuncionaria de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Salazar, quien fue detenida en el marco de Metástasis, colaboró con la Fiscalía revelando información sobre una estructura de corrupción que involucraba a Muentes, entre otros. Salazar acusó a Muentes de estar involucrado en una serie de actos ilícitos relacionados con la manipulación de acciones de habeas data y otros trámites judiciales.
Uno de los hechos más relevantes del caso Purga es la vinculación de Muentes con un pago de $4 millones por parte del Banco del Pacífico a su esposa, Mónica A., y la entrega de un predio en Durán (Guayas), valorado en $200.000, que supuestamente pertenecía a otra persona. También se investigan las conexiones de Muentes y su primo, Fausto A., con un contrato de repavimentación por $30 millones relacionado con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas de Quito.
Durante la audiencia, varios de los defensores de los procesados pidieron la nulidad del proceso, apuntando a irregularidades en el procedimiento desde los primeros momentos de la investigación. El abogado de Pablo Muentes, Diego Chimbo, criticó la actuación de la Fiscalía, acusando a Mayra Salazar de proporcionar información falsa durante su colaboración con la investigación. Chimbo solicitó que se declare la nulidad del caso desde el 30 de junio de 2024, para regresar a la etapa de instrucción y practicar pruebas.
Otros procesados, como Fabiola Gallardo, exjueza de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, también solicitaron la nulidad total del proceso, alegando que su detención en marzo de 2024 fue ilegal. La Fiscalía General, representada por el fiscal subrogante Wilson Toainga, se opuso a las solicitudes de nulidad, y continuó con la diligencia para refutar las alegaciones de las defensas.
Este complejo caso involucra a 23 procesados y una serie de detenciones que se llevaron a cabo en un operativo simultáneo el 4 de marzo de 2024 en las provincias de Guayas y Pichincha. Los acusados forman parte de una estructura delictiva que presuntamente favorecía intereses privados e incluso estaba vinculada al narcotráfico.
La audiencia continuará en las próximas jornadas, con el juez de la Cadena escuchando los argumentos de la Fiscalía y de las defensas, mientras se resuelven los pedidos de nulidad planteados por los procesados.
