La Asamblea Nacional de Ecuador finalmente aprobó un informe sobre la crisis eléctrica que afectó al país en abril de 2024, casi dos meses después de haber concluido la investigación. La presentación del informe, realizado por la Comisión de Fiscalización, se llevó a cabo el 25 de septiembre, a pesar de que el documento fue entregado a la presidencia del Parlamento el 17 de julio. Este informe ya advertía sobre la inminencia de cortes de luz a partir de septiembre.
Durante la sesión, que se realizó de manera telemática, los asambleístas expresaron su solidaridad con los quiteños afectados por un incendio significativo desde el 24 de septiembre. En el debate, se criticó tanto al gobierno actual como a los anteriores por no haber tomado las medidas necesarias para enfrentar la crisis energética.
Las legisladoras del bloque correísta, como Pamela Aguirre, Viviana Veloz y Sofía Espín, señalaron que el actual Gobierno ha fallado en prever la crisis, enfatizando que “hoy se busca culpar a un chivo expiatorio”. Espín recordó que la Revolución Ciudadana había logrado generar 3.000 megavatios mediante la construcción de ocho megahidroeléctricas, mientras que los gobiernos de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa no han añadido capacidad alguna en los últimos diez meses.
La legisladora criticó la falta de acción del presidente Noboa tras advertir sobre las secuelas del fenómeno de El Niño. “Estamos de vuelta en el pasado, basta de mentiras”, afirmó Espín.
Desde la bancada de Revolución Ciudadana, se propuso la aprobación del informe para instar al Gobierno a retomar el plan maestro de electricidad y separar el Ministerio de Electricidad del que maneja temas de petróleo y minas. También se urgió a que se ejecute el presupuesto del sector eléctrico, que actualmente muestra una alarmante ejecución del 2%.
El socialcristiano Vicente Taiano apoyó la aprobación del informe, aunque advirtió que el Gobierno debe asumir la responsabilidad en lugar de desplazarla a otros. Enfatizó la necesidad de operar el parque termoeléctrico y de proporcionar horarios de racionamiento claros para que los ciudadanos puedan adaptarse.
Además, Taiano mencionó que la falta de energía afecta a muchos ecuatorianos que viven del día a día, advirtiendo que la situación podría derivar en un estallido social si no se aborda con urgencia. Propuso soluciones centradas en previsibilidad, transparencia, compensaciones y control de precios.
Los asambleístas Jorge Chamba (ADN), Adriana García y María Teresa Pasquel (GB) indicaron que la crisis eléctrica se debe a problemas heredados de la corrupción e ineficiencia de hace más de una década. Chamba defendió al gobierno actual, recordando que la crisis no es reciente y que el actual mandatario está intentando solucionar problemas acumulados.
El informe de la Comisión de Fiscalización fue el resultado de dos procesos investigativos, el primero entre noviembre de 2023 y enero de 2024, donde se concluyó que la crisis energética costó al país más de $400 millones. Las pérdidas del sector público superaron los $230 millones debido a la importación de energía, pagando tarifas exorbitantes en comparación con las nacionales.
Se determinó que la crisis se originó en la debilidad institucional tras la fusión de los ministerios de Hidrocarburos, Minas y Electricidad en 2018. Se destacó que las alertas emitidas por Cenace y Celec EP no fueron atendidas, lo que llevó a una respuesta inadecuada de las autoridades.
El segundo proceso de fiscalización comenzó en abril de 2024, cuando volvieron los apagones. La legisladora Sofía Espín sugirió investigar las acciones del Ministerio de Energía. El informe concluyó que la crisis se debió a factores climáticos y de gestión, principalmente a una sequía prolongada que afectó a las hidroeléctricas más importantes.
El Gobierno de Daniel Noboa tomó medidas, como la declaración de estado de excepción y la suspensión de actividades laborales para mitigar la crisis. Sin embargo, los apagones continuaron afectando a la economía, con pérdidas estimadas de $80 millones diarios.
Se logró negociar la compra de energía a Colombia, lo que ayudó a aliviar la situación, aunque la crisis persiste. La comisión subrayó la importancia de que el Estado invierta en un sistema interconectado con Perú y Colombia para garantizar una mayor eficiencia y un mercado energético justo.
