El Tribunal de Juzgamiento del caso Purga expresó su sorpresa ante la decisión de la Fiscalía General del Estado de no incluir en el proceso a Mayra Salazar, excomunicadora de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, como parte de la cúpula de la red de corrupción judicial. Los magistrados señalaron que su rol en la estructura delictiva, que otorgaba favores a cambio de dinero y prebendas, debería haber sido investigado con mayor profundidad.
En la audiencia de juicio realizada el 3 de marzo, el tribunal condenó al exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes, a la expresidenta de la Corte de Guayas Fabiola Gallardo y al exjuez Johann Marfetán a 13 años y 4 meses de prisión por delincuencia organizada. Según la jueza Daniella Camacho, los sentenciados conformaban la cúpula de la red delictiva que operaba dentro del sistema judicial ecuatoriano.
La magistrada explicó que el grupo estructurado, integrado por más de dos personas, financiaba y planificaba actividades ilícitas relacionadas con peculado, cohecho y prevaricato con el objetivo de obtener beneficios económicos. En su intervención, detalló la responsabilidad de cada sentenciado: Muentes como líder de la organización, Gallardo como directora de las actividades criminales y Marfetán como planificador de las acciones ilícitas.
No obstante, Camacho expresó su extrañeza respecto a la situación de Mayra Salazar. “Llama la atención a este tribunal que la Fiscalía no haya investigado o procesado a Mayra Carolina Salazar Merchán, de quien se presume que ejerció la planificación de las actividades delictivas de la organización. Es imperativo señalar que su condición de cooperadora eficaz en el caso Metástasis o su testimonio anticipado en esta causa no significa que sus actos deban quedar en la impunidad”, afirmó.
El caso Purga ha puesto en evidencia una compleja red de corrupción judicial, y la exclusión de Salazar del proceso genera cuestionamientos sobre la aplicación de la justicia en este caso.
