A menos de un mes de finalizar su periodo legal, los jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) han resuelto consultar a la Procuraduría General del Estado si pueden continuar en funciones una vez que expire su mandato el próximo 20 de mayo de 2025. Esta medida se toma ante la falta de designación de sus reemplazos, debido a que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no ha iniciado el proceso correspondiente.
Los jueces del TCE fueron designados en 2019 por un periodo de seis años, de conformidad con la Constitución y la Ley Orgánica Electoral. Sin embargo, la inacción del CPCCS para activar el concurso de méritos y oposición ha generado incertidumbre jurídica sobre la continuidad del órgano encargado de resolver controversias electorales.
“Ante la omisión del órgano competente para llevar a cabo el proceso de selección, el TCE considera necesario obtener una respuesta jurídica que defina si es posible mantenerse en funciones hasta que se nombre a los nuevos jueces”, informó la entidad en un comunicado oficial.
La consulta remitida a la Procuraduría busca esclarecer si existe un marco legal que permita la permanencia provisional de los jueces actuales sin vulnerar la normativa vigente. El pronunciamiento del órgano consultivo será clave para evitar un posible vacío institucional en pleno año electoral, considerando que el TCE es responsable de resolver impugnaciones, sanciones y demás procesos relacionados con el sistema democrático del país.
Expertos en derecho constitucional han advertido que la falta de renovación oportuna de autoridades judiciales puede afectar la legitimidad de sus resoluciones futuras. Al respecto, algunos juristas sugieren que, en ausencia de nombramientos, los jueces podrían continuar en funciones por el principio de “necesidad institucional”, aunque otros advierten que esto podría interpretarse como una prórroga inconstitucional.
Mientras tanto, organizaciones de la sociedad civil y actores políticos han solicitado al CPCCS actuar con celeridad para iniciar el concurso de selección y así garantizar la institucionalidad del órgano electoral. El retraso del Consejo no solo compromete la operatividad del TCE, sino también el cumplimiento del calendario electoral, en especial ante eventuales elecciones anticipadas o referendos.
