El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se encuentra en el centro de una controversia interna tras la filtración de conversaciones extraídas del teléfono celular del exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana, Augusto Verduga, en las que se revelan presuntos diálogos con miembros del movimiento Revolución Ciudadana (RC) sobre estrategias políticas para evitar la destitución de varios consejeros, incluido él mismo.
A pesar de la gravedad de las implicaciones, los jueces del TCE han optado por no emprender acciones internas respecto a la posible vinculación del organismo con el caso conocido como Liga2. Las diferencias entre sus integrantes se han hecho evidentes, en medio de cuestionamientos por la falta de decisiones institucionales ante las filtraciones.
La presidenta del Tribunal, Ivonne Coloma Peralta, se pronunció al respecto minimizando el contenido de las conversaciones, a las que calificó como simples “elucubraciones”. “No se pueden sacar conclusiones de charlas sin contexto ni verificación”, declaró Coloma, en un intento por restarle legitimidad al material filtrado que ha generado polémica en círculos políticos y judiciales.
Según se ha conocido, los mensajes involucran a figuras políticas cercanas al correísmo que, presuntamente, coordinaban acciones para mantener a Verduga y a otros tres consejeros en sus cargos, a pesar de los procesos de remoción que enfrentaban. Aunque las conversaciones no han sido oficialmente verificadas, la filtración ha suscitado inquietudes sobre una posible intromisión de intereses partidistas en instituciones clave como el TCE.
El caso Liga2 ha vuelto a poner en debate la independencia de los órganos de control electoral y su capacidad para actuar con autonomía frente a presiones políticas. Mientras algunos sectores exigen una investigación interna o un pronunciamiento institucional más firme, otros defienden la postura del Tribunal de no entrar en especulaciones.
Esta no es la primera vez que el TCE se ve salpicado por polémicas vinculadas a conflictos políticos de alto nivel. En años recientes, el organismo ha enfrentado cuestionamientos tanto por su accionar como por su silencio en temas sensibles para el equilibrio democrático.
Por ahora, el TCE mantiene su postura de no intervenir mientras no haya pruebas concluyentes o procesos legales formales. Sin embargo, la controversia sigue abierta, y analistas políticos advierten que la pasividad del organismo podría minar aún más su credibilidad de cara a futuros procesos electorales.
