Este 27 de diciembre de 2024, el pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador escuchó durante más de cinco horas los argumentos de la interpelación contra Juan Esteban Guarderas, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), promovida por el bloque de la Revolución Ciudadana (RC). El juicio político, iniciado en junio de este año, acusa a Guarderas de incumplir sus funciones, específicamente por presuntos actos de tráfico de influencias y la divulgación de información confidencial, según lo establecido por la normativa del CPCCS.
Durante su intervención, Guarderas negó rotundamente las acusaciones, defendiendo su actuación al señalar que no existían pruebas de irregularidades. Afirmó que el proceso era un intento de la RC de tomar el control de una de las instituciones más importantes del país, como lo es el CPCCS. En sus declaraciones, alertó a las demás bancadas de la Asamblea sobre el peligro de permitir que un solo movimiento político, como el correísmo, domine el organismo encargado de la designación de autoridades clave del Estado.
“No hay causales ni pruebas. Pueden estar en desacuerdo con mi gestión, pero eso no constituye incumplimiento de funciones”, expresó Guarderas, quien aprovechó la ocasión para criticar el carácter político de la acusación. En su defensa, subrayó que el verdadero objetivo del juicio era destituirlo para permitir que el CPCCS quedara bajo el control de la Revolución Ciudadana.
El exabogado de Jorge Glas, Eduardo Franco Loor, quien reemplazaría a Guarderas en caso de ser destituido, es considerado cercano al correísmo. Guarderas advirtió que la llegada de Loor al CPCCS cambiaría las dinámicas dentro del organismo, reduciendo a una minoría a aquellos vocales que no comparten la agenda política del gobierno, como él mismo, Andrés Fantoni, Jazmín Enríquez y Johanna Verdezoto. La posible salida de Guarderas de la institución podría dar a la RC una mayoría de control, lo que, según él, representaría una “catástrofe” para la independencia del organismo.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que actualmente se encuentra equilibrado entre voceros de diferentes corrientes políticas, podría verse desequilibrado con la llegada de Franco Loor. Guarderas alertó que esto podría resultar en una ofensiva contra los vocales actuales y en la creación de un CPCCS subordinado a los intereses de un solo grupo político. En este contexto, pidió a las demás bancadas, como el Partido Social Cristiano (PSC), la alianza PK, ADN, Construye e independientes, que no cedieran ante la presión de la Revolución Ciudadana y no permitieran que el CPCCS se convirtiera en un órgano de control político.
Por su parte, la asambleísta Ana Herrera, quien lideró la acusación, respondió señalando que Guarderas estaba tratando de evadir su responsabilidad y que, en lugar de asumir las consecuencias de su actuación, se victimiza. Herrera también recordó que Guarderas había recurrido al Tribunal Contencioso Electoral para denunciar a la vicepresidenta Verónica Abad por una presunta campaña anticipada, lo que, según ella, evidenciaba su falta de transparencia.
En el transcurso de la jornada, las intervenciones de ambos, Guarderas y Herrera, fueron acompañadas por una serie de réplicas de otros legisladores. La primera en intervenir fue Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización, quien acusó a Guarderas de corrupción y de haber llegado al CPCCS por medios cuestionables, tras la destitución de Alembert Vera. Finalmente, se dio paso a la moción para censurar y destituir a Guarderas, la cual será sometida a votación, donde se requieren 70 votos para su aprobación.
