El Complejo Judicial Norte de Quito acogerá este martes 29 y miércoles 30 de octubre la audiencia preparatoria de juicio en contra de Francisco Sebastián B. A., hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, y su asesor, Daniel Lenín R. P., acusados del delito de oferta de tráfico de influencias en el conocido “caso Nene”. La jueza Karol Zambrano, de la Unidad Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, programó estas fechas luego de que la audiencia fuera pospuesta en septiembre pasado.
El caso comenzó el 22 de marzo con la detención de Francisco Sebastián B. A. tras una denuncia que lo acusaba de solicitar un cargo en la Vicepresidencia a cambio de recibir parte del sueldo mensual asignado al puesto. Según el denunciante, Romel P., los acusados le ofrecieron el puesto de coordinador de Comunicación, cuyo sueldo era de $3.200 mensuales, pero le exigían que entregara inicialmente $2.000 y luego $1.500 de ese salario. Romel P. asegura que no pudo realizar los pagos y, antes de finiquitar el trato, fue desvinculado del cargo.
Las investigaciones han vinculado también a la actual vicepresidenta, aunque ella goza de inmunidad debido a su cargo. En junio, la jueza Daniella Camacho solicitó a la Asamblea Nacional que evaluara la posibilidad de autorizar el juicio penal contra Abad. Sin embargo, el pleno de la Asamblea ratificó su inmunidad, permitiendo que solo el asesor Lenín R. P. fuera vinculado formalmente en el caso.
La defensa de Francisco Sebastián B. A., liderada por el abogado Oswaldo Trujillo, ha presentado denuncias en la Fiscalía por presuntas amenazas e intimidaciones hacia su cliente, quien, según Trujillo, ha sido vigilado de manera constante, incluyendo sobrevuelo de drones en su vivienda en Cuenca y mensajes escritos advirtiéndole que está siendo espiado.
Francisco Sebastián B. A., abogado de profesión, ha ocupado cargos en la Defensoría Pública y en la Gobernación del Azuay. En tanto, ambos acusados enfrentan cargos por el delito de oferta de tráfico de influencias, contemplado en el artículo 286 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que prevé penas de tres a cinco años de prisión para quienes soliciten pagos indebidos a cambio de ejercer influencia en decisiones gubernamentales. Esta pena podría ser mayor en contextos de emergencia o estado de excepción.
Se espera que la audiencia permita evaluar pruebas y testimonios que determinen los pasos a seguir en el juicio de este caso que ha generado gran interés a nivel nacional.
(Noticia en desarrollo)
