A menos de un mes de cumplir su condena de quince meses de prisión, Mayra Salazar, excomunicadora institucional de la Corte de Justicia del Guayas, ha solicitado al conjuez del caso Metástasis, Manuel Cabrera, que le sean entregados sus documentos personales. El objetivo de esta solicitud es permitirle «moverse libremente» una vez haya cumplido su pena y dejado la prisión.
Salazar fue sentenciada a prisión por su participación como colaboradora en el delito de delincuencia organizada, en el marco del caso Metástasis, una investigación que involucra a varios actores de alto perfil en la judicatura y otras instituciones del país. Su condena fue reducida después de haberse acogido al procedimiento abreviado y al acuerdo de cooperación eficaz con la Fiscalía, lo que le permitió recibir una pena más leve que la originalmente prevista.
En enero de 2025, el juez de Garantías Penitenciarias de Ambato, Christian Rodríguez, aprobó el cómputo de su condena, fijando como fecha de cumplimiento total el 14 de marzo de este año. Esta decisión, que sigue el proceso judicial para quienes se acogen a la figura de cooperación eficaz, significa que Salazar cumplirá los 15 meses de cárcel estipulados, con una posible liberación en el corto plazo, si cumple con todos los requisitos de la sentencia.
El 14 de diciembre de 2023, Salazar fue detenida en el marco de un operativo simultáneo en varias provincias del Ecuador, en el que varios implicados fueron arrestados. Después de su captura, fue ingresada en la Casa de Confianza de Chillogallo, en Quito, antes de ser trasladada al Centro de Privación de la Libertad de Ambato, en Tungurahua, donde actualmente se encuentra recluida.
La solicitud presentada por Salazar resalta la importancia de los documentos personales en los procesos de liberación condicional, ya que, al quedar en libertad, se requieren para regular su movilidad y trámites administrativos. La entrega de estos documentos es vista como un paso crucial hacia la reintegración de la excomunicadora en la sociedad tras cumplir con su condena.
En el contexto del caso Metástasis, la excomunicadora se había vinculado a una serie de actos de corrupción que fueron descubiertos tras una extensa investigación judicial. A pesar de su colaboración, su sentencia refleja la seriedad de las imputaciones y de la implicación de figuras de alto nivel en el delito de delincuencia organizada, lo que sigue siendo un tema de gran relevancia en la política y justicia ecuatoriana.
