El Gobierno del presidente Daniel Noboa contempla la posibilidad de ampliar el contenido de la próxima consulta popular incluyendo otras reformas constitucionales, según revelaron tres legisladores de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN).
Los asambleístas Nataly Morillo, Esteban Torres y Andrés Guschmer manifestaron que el Ejecutivo evalúa agrupar varias enmiendas en un único referéndum. Este incluiría no solo la reforma al artículo 5 de la Constitución, que permitiría el establecimiento de bases militares extranjeras en Ecuador, sino también otros temas de cambio estructural en la Carta Magna.
“Se está discutiendo la conveniencia de presentar una consulta más integral que aborde distintas reformas necesarias para el fortalecimiento institucional del país”, comentó uno de los legisladores oficialistas, sin detallar qué otras modificaciones están siendo consideradas.
La reforma al artículo 5 fue aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 3 de junio con 82 votos afirmativos. Este cambio permitiría eliminar la prohibición constitucional sobre la instalación de bases militares extranjeras o instalaciones militares con fines bélicos en territorio ecuatoriano. El siguiente paso en el proceso será la revisión de la Corte Constitucional, que debe emitir un dictamen favorable de constitucionalidad antes de que el presidente Noboa pueda emitir el decreto para convocar a referéndum.
De concretarse la inclusión de más reformas, la consulta popular pasaría de tener un enfoque puntual a convertirse en una herramienta de reforma estructural del marco constitucional. Esto implicaría mayor complejidad logística y de comunicación para el Consejo Nacional Electoral (CNE), encargado de organizar el proceso electoral.
Además, este escenario podría modificar el calendario previsto para la realización de la consulta, que inicialmente se esperaba que ocurriera en un plazo de aproximadamente tres meses y medio, siempre que se mantuviera como una reforma parcial única.
La estrategia del Ejecutivo apunta a consolidar apoyo ciudadano para implementar medidas que, según los representantes de ADN, buscan modernizar el Estado y enfrentar de forma más eficaz los desafíos de seguridad, economía y gobernabilidad que enfrenta el país.
