La audiencia preparatoria de juicio del caso conocido como Triple A, que investiga a 22 personas naturales y jurídicas por delitos relacionados con el almacenamiento y comercialización ilegal de combustibles, fue suspendida y está prevista para continuar el próximo 20 de junio. Este proceso es llevado adelante por la Fiscalía General del Estado y tiene como foco el combate a actividades ilícitas vinculadas a hidrocarburos, gas licuado y biocombustibles.
La diligencia se inició el viernes 13 de junio y avanzó durante la jornada del sábado 14, cuando el juez especializado en delitos de corrupción y crimen organizado, Renán Andrade, decidió interrumpir la audiencia tras casi diez horas de exposición del dictamen acusatorio presentado por la Fiscalía. Esta decisión responde a la complejidad del caso y la necesidad de evaluar con detenimiento las pruebas y testimonios presentados.
El fiscal Leonardo Alarcón, de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, detalló en la audiencia los elementos de convicción que vinculan a 16 personas naturales y seis empresas con el delito tipificado en el artículo 264 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Según la acusación, los involucrados habrían participado en actividades ilegales como el almacenamiento, transporte, envasado, distribución y comercialización no autorizada de combustibles, lo cual representa un grave perjuicio para la economía y la seguridad energética del país.
Este caso es considerado uno de los procesos más relevantes en la lucha contra el crimen organizado relacionado con el sector de hidrocarburos en Ecuador. La Fiscalía sostiene que la red delictiva habría operado durante varios años, afectando no solo al mercado legal, sino también generando pérdidas millonarias al Estado por evasión fiscal y daños al medio ambiente.
La audiencia preparatoria tiene como objetivo definir si existen suficientes pruebas para que el caso avance a juicio oral, donde se determinará la responsabilidad penal de los acusados. La suspensión hasta el 20 de junio busca garantizar el debido proceso, permitiendo a las partes revisar y presentar argumentos adicionales antes de la siguiente etapa.
Este proceso judicial es un ejemplo de la prioridad que las autoridades ecuatorianas dan a combatir delitos económicos y corrupción, especialmente en sectores estratégicos como el energético. La atención nacional se mantiene sobre este caso, dada la importancia de asegurar transparencia y legalidad en la gestión de recursos naturales y energéticos.
