Tras la aprobación en segundo debate por parte de la Asamblea Nacional de la reforma parcial al artículo 5 de la Constitución, que eliminaría la prohibición de establecer bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, ahora el proceso entra en una fase decisiva. El próximo paso será el pronunciamiento de la Corte Constitucional (CC), que debe emitir un dictamen favorable sobre la legalidad y viabilidad de la propuesta.
Una vez que la Corte Constitucional dé luz verde al contenido de la reforma, el presidente de la República, Daniel Noboa, deberá emitir un decreto ejecutivo para solicitar al Consejo Nacional Electoral (CNE) la organización y convocatoria del referéndum.
De cumplirse todos los plazos establecidos por la normativa vigente, los comicios podrían celebrarse en un plazo estimado de tres meses y medio. Este tiempo contempla las etapas legales requeridas, como la emisión del dictamen constitucional, la expedición del decreto presidencial y los preparativos logísticos del CNE.
La reforma busca modificar un punto clave de la Constitución, que actualmente prohíbe la instalación de bases militares extranjeras o de instalaciones con fines bélicos en el país. La propuesta ha generado amplio debate en la sociedad ecuatoriana y entre actores políticos, ya que reconfigura una política histórica de soberanía militar.
El presidente Daniel Noboa ha defendido la iniciativa como parte de una estrategia para reforzar la cooperación internacional en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado. En este contexto, la reforma permitiría formalizar acuerdos estratégicos con países aliados que cuenten con experiencia y tecnología para combatir amenazas transnacionales.
La reforma, sin embargo, no entrará en vigencia hasta que la ciudadanía la apruebe mediante referéndum. Según el procedimiento constitucional, se trata de una reforma parcial, por lo que no requiere aprobación en dos periodos legislativos, pero sí la validación popular a través del voto directo.
Mientras tanto, el país se mantiene atento al pronunciamiento de la Corte Constitucional, que será el punto de partida para el calendario electoral del referéndum. El CNE deberá entonces activar su maquinaria institucional para garantizar un proceso transparente, informativo y participativo.
