En la madrugada del lunes 24 de marzo, cinco ciudadanos fueron detenidos en la avenida Carlos Julio Arosemena, en el norte de Guayaquil, tras ser sorprendidos colocando pancartas con mensajes en contra del Gobierno de Daniel Noboa.
Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía, que ahora evalúa los posibles cargos que podrían enfrentar. Las autoridades investigan si los involucrados tienen algún tipo de vinculación con el Municipio de Guayaquil y si la colocación de los carteles responde a una estrategia política organizada.
El caso ha generado debate sobre el derecho a la protesta y los límites legales en la colocación de mensajes en espacios públicos. Según el Código Penal ecuatoriano, la alteración del orden público o el uso indebido de bienes municipales podrían constituir delitos sancionables.
Hasta el momento, el Gobierno no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el incidente. Sin embargo, analistas políticos advierten que este tipo de actos podrían intensificar la polarización en el contexto electoral.
La Fiscalía continuará con las investigaciones para determinar la responsabilidad de los detenidos y si se tomarán medidas legales adicionales contra funcionarios municipales o personas relacionadas con este hecho.
