La audiencia de juicio por presunta delincuencia organizada en el caso Encuentro, que involucra a Danilo Carrera y otros, dio inicio el 23 de septiembre en el Complejo Judicial Norte de Quito. Este proceso se centra en las acusaciones de corrupción que habrían operado entre 2021 y 2023. El presidente del Tribunal de Juicio, Víctor Barahona, ha instalado el segundo día de audiencia el 24 de septiembre, tras una primera jornada que se extendió por casi ocho horas.
Durante esta primera sesión, la Fiscalía General presentó su caso a través de nueve testigos y dos peritos. El caso está dirigido por la agente fiscal Luzmila Lluglla, quien busca demostrar que Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, lideró una red de corrupción junto al empresario asesinado Rubén Cherres. Debido a su fallecimiento, la acción penal contra Cherres ha sido extinguida.
En este contexto, Hernán Luque Lecaro, exdirector de la Empresa Pública Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), y otros cinco sospechosos, se encuentran prófugos de la justicia. Esta situación ha llevado a que la etapa de juzgamiento quede suspendida hasta que todos los involucrados sean detenidos o se entreguen. La Fiscalía también ha identificado a varios empresarios que supuestamente se beneficiaron de contratos en el sector eléctrico.
La fiscal Lluglla sostiene que la organización criminal se benefició de la designación de Luque Lecaro en EMCO, permitiendo a Antonio I. convertirse en gerente de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL). Según las acusaciones, Antonio I. habría influido en la adjudicación de contratos, favoreciendo a las empresarias Karen C. y Ericka F.
Durante la primera jornada de la audiencia, se presentaron testimonios que corroboran la existencia de una red de comunicación entre los presuntos líderes del grupo. Un agente que participó en la investigación expuso que la denuncia inicial sobre actos de corrupción en el gobierno de Lasso fue fundamental para iniciar el proceso judicial.
El testimonio de un policía también confirmó que existieron comunicaciones entre los acusados, que fueron verificadas a través de información obtenida de entidades públicas y privadas. Las interceptaciones telefónicas revelaron conversaciones sobre supuestos actos ilícitos, incluyendo el ascenso irregular de un oficial de Policía, quien también fue testigo en el juicio.
El abogado de Danilo Carrera, Alfonso Zambrano, criticó las condiciones en las que se encuentra su cliente, quien ha estado bajo arresto domiciliario durante casi siete meses. Zambrano argumentó que Carrera, de 85 años y con problemas de salud, no representa un riesgo de fuga y pidió la revocación de las medidas cautelares. “No se justifica mantenerlo en esta situación. La investigación ha concluido y no hay pruebas que vinculen a Carrera con la red de corrupción”, afirmó.
A medida que avanza el juicio, la Fiscalía continúa presentando pruebas para sustentar sus acusaciones, mientras que la defensa insiste en la falta de evidencias concretas en contra de Carrera. La audiencia se reanudará con más testimonios y pruebas que se espera clarifiquen los roles de los acusados en este complejo caso de corrupción.
