Este martes, 31 de diciembre, se llevó a cabo un plantón en los exteriores de la Unidad Judicial Valdivia, ubicada en el sur de Guayaquil, en el marco de la audiencia de formulación de cargos contra los 16 militares investigados por la desaparición de cuatro menores de la comunidad Las Malvinas, ocurrida en Taura. Los manifestantes, conformados por familiares y activistas de derechos humanos, levantaron pancartas con las fotos de los adolescentes desaparecidos y clamaron por su aparición, a más de tres semanas de que se les viera por última vez el 8 de diciembre.
La protesta reunió a más de 200 personas que exigieron respuestas sobre el paradero de los menores. Entre los gritos destacaron frases como “¿Dónde están los niños?”, “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” y “¡Justicia para los niños!”. A pesar de la ligera lluvia que cayó sobre Guayaquil esa mañana, los manifestantes mantuvieron su vigilia frente al complejo judicial, donde también se realizó una manifestación cultural, con presentaciones del grupo Batukada Popular, que tocó música afrodescendiente en homenaje a los jóvenes desaparecidos.
En la audiencia, los familiares de los menores ingresaron a una sala del complejo judicial, mientras que en otra, los familiares de los 16 militares acusados por la desaparición se encontraban presentes. Estos últimos también manifestaron su apoyo, llevando pancartas en las que defendían la inocencia de los militares, argumentando que no fueron ellos los responsables de la desaparición de los adolescentes.
La desaparición de los cuatro menores ha generado una gran conmoción, ya que, según la versión inicial de los militares, los adolescentes fueron detenidos por presuntamente haber participado en un robo. Sin embargo, esa versión fue rechazada por el fiscal encargado de la investigación, quien afirmó que no existen pruebas que corroboren esa acusación. El caso, que ahora es investigado como desaparición forzada, apunta a que los menores fueron trasladados desde el sur de Guayaquil hacia Taura, una parroquia rural en el cantón Naranjal, donde se perdió todo rastro de ellos.
Mientras tanto, la Policía Nacional desplegó un fuerte operativo de seguridad en las inmediaciones del complejo judicial, con el objetivo de garantizar el orden y el desarrollo de la audiencia. El coronel Pablo Ramos, comandante de la Policía de la Zona 8, destacó que se movilizó a una gran cantidad de efectivos para mantener la seguridad en la zona, sin descuidar la protección de otros distritos. Además, señaló que, hasta el momento, no han recibido informes oficiales sobre las pruebas realizadas a los cuerpos encontrados recientemente en Taura, lo que mantiene a la comunidad y a las familias de los desaparecidos en incertidumbre.
Cabe mencionar que debido a las movilizaciones y la afluencia de personas al complejo judicial, el carril de servicio de la avenida 25 de Julio, en dirección hacia el norte, permanece cerrado cerca del complejo judicial.
El caso sigue generando reacciones tanto a nivel local como nacional, ya que la desaparición de los menores pone de nuevo en evidencia las tensiones sociales y las presuntas violaciones a los derechos humanos en el contexto de operaciones militares y policiales.
