En medio del clima festivo de Año Nuevo, el gobierno de Daniel Noboa y su bancada legislativa, Acción Democrática Nacional (ADN), estarían considerando no acatar la obligación de tomar una licencia sin sueldo, como lo estipula el artículo 93 del Código de la Democracia, para participar en la campaña electoral de 2025. Este artículo establece que las autoridades que opten por la reelección deben hacer uso de una licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral.
La campaña para las elecciones generales, que se celebrarán el 9 de febrero de 2025, comenzará oficialmente el 5 de enero y se extenderá hasta el 6 de febrero. En total, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha inscrito a más de 4.500 candidatos para las diversas dignidades, incluyendo la presidencia, vicepresidencia, asambleístas nacionales, parlamentarios andinos y representantes provinciales.
De los 137 asambleístas que actualmente ocupan cargos en la Asamblea Nacional, alrededor de 95 son candidatos para la reelección. Según fuentes internas de ADN, al menos 25 de los legisladores de esta bancada no se someterían a la licencia sin sueldo, lo que ha generado controversia en el marco de las interpretaciones legales sobre su aplicación.
El artículo 93 del Código de la Democracia establece claramente que los «dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña». Sin embargo, la bancada de ADN, en una reunión interna, respaldó la idea de que la reelección de Noboa y los legisladores no implicaría la necesidad de pedir la licencia, debido a un dictamen interpretativo emitido por la Corte Constitucional (CC) en 2010. Este fallo aclaró que los funcionarios que fueron electos en procesos extraordinarios, como el de la muerte cruzada en 2023, no entran en la categoría de reelección, ya que su mandato tiene como objetivo completar el período del anterior mandatario.
La postura gubernamental ha sido defendida por el ministro José de la Gasca, quien ha sostenido que el artículo 93 no se aplicaría a Noboa ni a los legisladores, ya que, según la sentencia de 2010, «no estamos en ningún escenario de reelección». Esta interpretación ha sido respaldada por varios miembros del gobierno, a pesar de que aún no se ha emitido un comunicado oficial que confirme esta decisión.
No obstante, esta postura ha generado críticas, especialmente de los expertos en derecho constitucional. El constitucionalista José Chalco advirtió que la falta de licencia podría traer consecuencias legales para los funcionarios involucrados. Según Chalco, el incumplimiento de la ley podría llevar a denuncias por infracciones electorales y administrativas ante la Contraloría General del Estado, lo que podría generar sanciones graves, como la suspensión de derechos de participación.
Chalco también señaló que, aunque la Corte Constitucional aclaró que el período actual de Noboa y otros funcionarios electos en 2023 no se considera como una reelección, no se pronunció sobre la necesidad de la licencia sin sueldo para la campaña electoral. En este sentido, recordó que la ley ecuatoriana prohíbe el uso de recursos públicos para la campaña electoral, lo que podría poner en riesgo la candidatura de los funcionarios si se demuestra que están utilizando recursos del Estado durante su campaña.
Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), también coincidió en que los funcionarios deben pedir licencia sin sueldo durante la campaña, ya que el principio constitucional de igualdad y equidad exige que todos los candidatos tengan las mismas condiciones. De lo contrario, el uso indebido de recursos del Estado podría ser considerado una infracción electoral, con sanciones que van desde la pérdida de la candidatura hasta la inhabilitación para ocupar cargos públicos.
En este contexto, la falta de licencia podría desencadenar complicaciones legales, tanto para Noboa como para los miembros de su bancada, especialmente si la Contraloría General del Estado o el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) detectan irregularidades en el manejo de recursos públicos durante la campaña. Además, la línea entre las actividades gubernamentales y de campaña es muy tenue, lo que podría generar acusaciones de mal uso de los fondos públicos.
A pesar de las advertencias, el gobierno de Noboa parece decidido a mantener su postura, confiando en las interpretaciones legales que favorecen su postura. Sin embargo, la presión por cumplir con la ley electoral y evitar posibles sanciones podría aumentar a medida que se acerquen las elecciones de 2025.
