El presidente Guillermo Lasso creó un nuevo ministerio que se encargará de trazar una política pública de seguridad en Ecuador, afectado por el aumento del narcotráfico y la criminalidad, informó la secretaría de Comunicación.
La secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado se ocupará de la “coordinación de los organismos que conforman el Sistema de Seguridad Pública del Estado” y de la “evaluación de las acciones aprobadas en materia de seguridad”, señaló la cartera en un comunicado.
La nueva entidad, con rango de ministerio, estará encabezada por el exdiputado oficialista Diego Ordóñez, quien se desempeñaba como consejero del gobierno.
Ordóñez expresó: “no hay desarrollo sin seguridad, no hay libertad sin seguridad, no hay bienestar sin seguridad. Las amenazas y la inseguridad atentan contra la estabilidad del sistema democrático”.
Entre algunas de las atribuciones de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado constan:
- Coordinar y articular el Sistema de Seguridad Pública y del Estado y las acciones de los órganos que lo conforman.
- Elaborar políticas de seguridad pública y del Estado.
- Encargarse de la Planificación integral del Sistema de Seguridad Pública y del Estado.
- Preparar el Plan Nacional de Seguridad Integral, con el aporte mancomunado de otras entidades del Estado y de la ciudadanía para ponerlos en consideración del Presidente de la República y del Consejo de Seguridad Pública y del Estado.
Ecuador, ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína del mundo, enfrenta un aumento de la criminalidad vinculada al tráfico de droga.
Las autoridades confiscaron en 2021 la marca de 210 toneladas de droga, la mayoría cocaína. En el primer semestre de este año, las incautaciones superan las 100 toneladas. El año pasado, el país cerró con una tasa de 14 asesinatos por cada 100.000 personas, casi el doble que en 2020. En 2018 esa tasa era de seis.
Además de los mensajes de terror que deja el narco en las calles, con cuerpos decapitados o colgados de puentes, el país lidia con masacres carcelarias que desde febrero de 2021 dejan cerca de 400 reclusos muertos en medio de violentos enfrentamientos entre bandas.
