Quito, Ecuador – Un cambio radical en la política de drogas de Ecuador ya es una realidad. La Asamblea Nacional ha aprobado en segundo debate la polémica Ley de Solidaridad Nacional, un proyecto calificado de urgente que busca desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno. Una de sus disposiciones más significativas es la eliminación definitiva de la denominada tabla de consumo de drogas, que desde 2013 diferenciaba a consumidores de traficantes por gramajes.
Esta decisión legislativa sigue la línea de la resolución 001-CONSEP-CD-2013 y sus reformas, que el presidente Daniel Noboa ya había dispuesto derogar en noviembre de 2023. La tabla, establecida durante el gobierno de Rafael Correa, buscaba clarificar el margen de posesión para consumo personal, pero en la práctica fue objeto de intensos debates y críticas. Ahora, en el cuerpo legal de la Ley de Solidaridad, se retoma el tema, pero con un enfoque renovado: la diferenciación se hará mediante «parámetros» que van más allá del simple peso de la sustancia.
Expertos y analistas ya están realizando observaciones sobre cómo funcionará este nuevo esquema y cuál será el rol de las entidades encargadas de su aplicación. La sexta disposición reformatoria de la Ley de Solidaridad es clave, ya que busca reformar el artículo 228 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que es el que tipifica los delitos relacionados con las drogas.
Aunque el texto de la ley no detalla aún los nuevos «parámetros», se anticipa que estos buscarán una aproximación más integral para determinar si una persona es un consumidor o un traficante. Esto podría incluir:
- El contexto y las circunstancias de la posesión: No es lo mismo encontrar una pequeña cantidad en un lugar de consumo recreativo que una similar en un punto de venta conocido o con indicios de distribución.
- La diversidad de sustancias: La posesión de diferentes tipos de drogas o de envases que sugieren venta, más allá del consumo personal.
- Elementos complementarios: Presencia de balanzas de precisión, grandes sumas de dinero en efectivo, listas de clientes, o comunicaciones que evidencien tráfico.
- Historial y antecedentes: Si la persona tiene condenas previas por tráfico de drogas o si está vinculada a redes criminales.
El objetivo de esta reforma es doble: por un lado, busca despenalizar la adicción, reconociendo que los consumidores son un problema de salud pública que requiere atención y no cárcel. Por otro lado, la ley se enfoca en endurecer la persecución y sanción de los verdaderos traficantes, quienes son la raíz del problema de la economía criminal y la violencia. Al eliminar los gramajes como único criterio, se espera que las autoridades tengan más herramientas para identificar y procesar a quienes se dedican al negocio ilícito de las drogas.
Esta Ley de Solidaridad Nacional, que ahora pasará al Ejecutivo para su sanción, es una pieza central en la estrategia del Gobierno para combatir al crimen organizado. La correcta aplicación de estos nuevos «parámetros» y la coordinación entre las entidades policiales, fiscales y judiciales serán cruciales para el éxito de esta nueva política y para asegurar que la justicia se aplique de manera justa y efectiva, distinguiendo entre la enfermedad y el delito.
