El proyecto de ley conocido como “ley antipillos”, propuesto por el presidente Daniel Noboa, fue finalmente archivado por la Asamblea Nacional de Ecuador. Esta iniciativa, que buscaba fortalecer la lucha contra el lavado de activos a través de medidas para mejorar la recaudación fiscal, fue debatida por el Legislativo, pero no pasó el primer examen. Con 84 votos en contra, los asambleístas de la oposición lograron negarla y archivarla en la sesión del 27 de noviembre de 2024.
Este proyecto de ley, de carácter económico urgente, se encontraba bajo tratamiento debido a que el presidente Noboa había solicitado su discusión en el marco de la urgencia económica. A pesar de la negativa en el primer debate, el presidente devolvió la resolución de archivo a la Asamblea, pidiendo que se reanudara el debate en un plazo de 30 días. Sin embargo, la Asamblea aclaró el 30 de noviembre que el proceso constitucional ya había concluido, puesto que el artículo 140 de la Constitución establece que los proyectos de urgencia económica pueden ser archivados si no se aprueban en un plazo de 30 días. En este caso, la negativa al proyecto ya fue publicada en el Registro Oficial, por lo que la Asamblea considera que el tratamiento constitucional ha finalizado.
El secretario general de la Asamblea, Alejandro Muñoz, advirtió que, al haberse publicado la resolución en el Registro Oficial, el presidente no podría promulgar el proyecto como decreto ley, ya que fue rechazado en su totalidad por el Legislativo. Muñoz fue enfático al señalar que, si el presidente intentara promulgar la ley en este contexto, sería un “acto de facto” y un “delito”, ya que estaría usurpando funciones que no le corresponden.
Por su parte, el Ministerio de Gobierno emitió un comunicado en el que calificó a los legisladores como parte de la “vieja política” que busca frenar la ley. Según el Gobierno, los opositores al proyecto están, de hecho, favoreciendo la continuidad de los grupos narcodelictivos al impedir que se adopten medidas para combatir el lavado de activos. El Ministerio también defendió la necesidad de esta ley como una medida crucial para la seguridad del país y destacó que el Gobierno seguirá actuando conforme a la Constitución para impulsar la iniciativa.
El proceso legislativo sobre la “ley antipillos” no ha sido sencillo. Aunque el presidente Noboa insiste en que el proyecto es fundamental para el país, especialmente en términos de seguridad y recaudación fiscal, la respuesta del Legislativo ha sido clara: la ley fue archivada y el proceso constitucional ya concluyó. A partir de este momento, se espera que el Gobierno tome las decisiones pertinentes en concordancia con lo establecido en la Constitución.
Este conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo resalta la polarización política que ha caracterizado a la Asamblea en los últimos meses. Con el país enfrentando retos significativos en temas de seguridad y economía, la situación refleja la tensión entre las distintas fuerzas políticas que intentan influir en la dirección de las políticas públicas y la forma en que se deben llevar a cabo los cambios legislativos.
