En un pronunciamiento conjunto emitido esta mañana, Ecuador, Costa Rica y República Dominicana, miembros de la Alianza para el Desarrollo de la Democracia, han expresado su firme rechazo a la reciente decisión del gobierno de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega. La medida, que despoja de la nacionalidad a 135 presos políticos, ha sido calificada como una acción arbitraria e ilegal por parte de estos países.
La controversia se desató cuando el gobierno nicaragüense, tras un acuerdo con Estados Unidos, expulsó la semana pasada a este grupo de prisioneros hacia Guatemala. Sin embargo, en un giro inesperado, la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua anunció cinco días después que estos prisioneros perderían no solo su nacionalidad, sino también sus bienes.
El comunicado emitido por los gobiernos de Ecuador, Costa Rica y República Dominicana condena enérgicamente esta medida, resaltando que la decisión viola derechos fundamentales consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Según el artículo 15 de este documento internacional, “toda persona tiene derecho a la nacionalidad y nadie debe ser privado arbitrariamente de esta”.
El comunicado también hace un llamado a la República de Nicaragua para que revoque esta medida y restablezca los derechos de los ciudadanos afectados. Esta acción ha sido descrita como una grave violación de derechos humanos, que no solo afecta a los individuos directamente involucrados, sino que también pone en cuestión el respeto por los principios fundamentales de justicia y legalidad.
Los tres países firmantes de la declaración subrayan la necesidad de que Nicaragua actúe de acuerdo con las normativas internacionales y garantice que todos sus ciudadanos disfruten de los derechos que les corresponden, sin importar las circunstancias. Esta postura refuerza el compromiso de la Alianza para el Desarrollo de la Democracia con la protección de los derechos humanos y el respeto a la legalidad internacional.
