Tras seis meses de espera, el informe favorable para el segundo debate de la reforma al artículo 5 de la Constitución fue aprobado con cuatro votos a favor y dos en contra en la comisión ocasional de la Asamblea Nacional. Este documento —que busca eliminar la prohibición constitucional para permitir bases militares extranjeras en el país— podrá ser tratado en el nuevo periodo legislativo a partir del 29 de mayo de 2025.
El informe, aprobado por los asambleístas Rafael Dávila (Avanza), Jorge Peñafiel (Construye), Sofía Sánchez (PSC) y Nataly Morillo (ADN), plantea que Ecuador requiere fortalecer su capacidad para enfrentar al crimen organizado transnacional, que actualmente supera las capacidades técnicas del Estado. En contraposición, Gisella Garzón (RC) y César Ugsha (UP-PSE) votaron en contra. Mariana Yumbay (Pachakutik) se ausentó.
Según el informe, cerca del 90 % de los homicidios en Ecuador están relacionados con el narcotráfico. “El crimen organizado ha logrado infiltrar estructuras estatales y opera mediante redes transfronterizas altamente sofisticadas”, afirma el texto, que considera necesaria la cooperación militar internacional para enfrentar esta amenaza de forma efectiva.
La reforma permitiría establecer acuerdos bilaterales con países que posean tecnología avanzada, inteligencia de última generación y recursos logísticos que actualmente no están disponibles en el país. Bajo controles democráticos y jurídicos, estas bases funcionarían como puntos de coordinación regional, integrando esfuerzos multilaterales contra el crimen.
Rafael Dávila, vicepresidente de la comisión ocasional, subrayó que esta reforma no implica la cesión de soberanía. “La decisión de permitir bases militares será libre, autónoma e independiente. No se impone nada; se ejerce soberanía”, sostuvo.
Por su parte, la presidenta de la comisión, Gisella Garzón, rechazó la propuesta alegando que “no se puede reducir el concepto de soberanía al control territorial”. Afirmó que su oposición responde a principios y alertó sobre los riesgos de repetir errores del pasado, como lo ocurrido con la base estadounidense de Manta.
Sofía Sánchez también advirtió que la reforma es tan amplia que dependerá del gobierno de turno con quién se firme un eventual acuerdo: “Podría ser con Estados Unidos, o con países como Irán o China si cambia la orientación política”.
Jorge Peñafiel (Construye) defendió la necesidad de cooperación internacional, aclarando que cualquier tratado de este tipo requerirá control constitucional y aprobación legislativa. “No se trata de entregar soberanía, sino de fortalecer al Estado con mecanismos legítimos y fiscalizados”, afirmó.
El informe sostiene que esta medida no resolverá por sí sola los problemas de inseguridad, pero sí representa una herramienta adicional frente al avance del crimen organizado, cuyo alcance trasciende fronteras y requiere respuestas multilaterales y coordinadas.
De aprobarse la reforma, el nuevo artículo 5 de la Constitución mantendría únicamente la frase “El Ecuador es un territorio de paz”, eliminando las disposiciones actuales que impiden expresamente la presencia de fuerzas militares extranjeras en el país.
