Tras cinco intentos fallidos, el Consejo de la Judicatura finalmente logró instalar la sesión plenaria número 33 y aprobar, por unanimidad, el reglamento que permitirá la selección de 50 jueces especializados en materia constitucional en Ecuador.
Esta decisión, adoptada la tarde del miércoles 30 de abril de 2025, representa un paso clave en el cumplimiento del mandato ciudadano expresado en la consulta popular y referéndum del 21 de abril de 2024. Según lo estipulado, el órgano rector del sistema judicial tenía un año —hasta mayo de 2025— para implementar unidades especializadas y nombrar a los nuevos jueces constitucionales.
El reglamento fue aprobado con los votos del presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, y de las vocales Yolanda Yupangui y Solanda Goyes. Las autoridades recalcaron que esta normativa no solo cumple con lo dispuesto en el referéndum, sino que también incorpora criterios técnicos y jurídicos aportados por jueces, académicos y organizaciones del sector.
Yolanda Yupangui destacó que el reglamento es resultado de un trabajo técnico iniciado en febrero: “Este mandato no puede seguir esperando. Aquí no hay improvisación, sino un proceso serio, con apertura y debate”. También subrayó que se priorizará la formación, los méritos y la independencia de los candidatos.
Por su parte, Solanda Goyes indicó que su voto favorable responde a la incorporación de observaciones clave: “Se respetó el mandato popular de especialización y transparencia, además de incluir medidas afirmativas adicionales a favor de las mujeres”.
Mario Godoy recalcó que, desde la presidencia del CJ, se tendió un puente para el diálogo y la construcción colectiva: “Este no es un espacio de imposición. Es deliberativo. No todas las observaciones se incorporaron, pero sí las más relevantes para avanzar”.
El concurso público de méritos y oposición para seleccionar a los jueces estará a cargo del CJ. Los jueces conformarán nuevas unidades judiciales, distritales y salas especializadas en materia constitucional que funcionarán en todo el país. La creación de estas dependencias ya fue aprobada en enero pasado por el pleno del Consejo.
En términos presupuestarios, el Ministerio de Finanzas ha destinado $2,3 millones para financiar el proceso de contratación de los 50 jueces. De estos, 26 ocuparán cargos de primer nivel y los otros 24 formarán parte de las salas distritales. Las nuevas autoridades judiciales comenzarán con carga procesal cero, lo que busca garantizar eficiencia desde el inicio de sus funciones.
Este avance normativo marca un hito en la reestructuración de la justicia constitucional en Ecuador, con la promesa de mayor probidad, especialización y equidad de género en la función judicial.
