La propuesta del presidente Daniel Noboa de reformar los artículos 35 y 51 de la Constitución, con el objetivo de excluir a las personas privadas de libertad (PPL) de la categoría de grupos prioritarios, ha desatado diversas opiniones entre los legisladores de la Asamblea Nacional. Actualmente, la iniciativa se encuentra en análisis en la Corte Constitucional, que cuenta con 20 días para emitir un dictamen preliminar a cargo del juez Jhoel Escudero Soliz.
La moción presidencial busca que las PPL dejen de recibir atención prioritaria en políticas públicas, argumento que ha generado tanto respaldo como rechazo en el ámbito legislativo. Para el oficialismo, esta modificación es necesaria, dado que los grupos de atención prioritaria, según afirman, no deben incluir a personas vinculadas al crimen organizado. Desde la oposición correísta, sin embargo, se advierte que la medida representa una regresión en los derechos humanos y que afectará tanto a delincuentes como a personas con situaciones penales menos graves.
Jhajaira Urresta, asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana, expresó su preocupación por el impacto de la propuesta en el respeto a los derechos humanos, argumentando que Ecuador tiene compromisos internacionales en esta materia. Urresta propuso que, antes de avanzar con esta reforma, se realice un censo carcelario para clasificar a las PPL y asegurar que la categorización de atención prioritaria se limite a los casos adecuados, como jóvenes o personas con necesidades específicas.
Desde el Partido Social Cristiano (PSC), Jorge Acaiturri-Villa planteó que, aunque la medida podría sonar justa en teoría, es esencial que el Gobierno priorice recursos en la economía antes de realizar cambios en la Constitución que puedan resultar inefectivos sin el presupuesto necesario. Además, subrayó la importancia de proporcionar programas de rehabilitación y apoyo psicológico para muchos internos.
Por otro lado, el movimiento Construye, representado por Paúl Buestán, apoya la reforma, indicando que ciertos reclusos han aprovechado su inclusión en los grupos prioritarios para abusar de beneficios legales y evitar la justicia. Para Buestán, la inclusión de PPL en esta categoría afecta la seguridad y el bienestar de la sociedad en su conjunto, argumentando que el sistema de justicia debe priorizar la protección de los ciudadanos cumplidores de la ley.
Adrián Castro, de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), recordó que la incorporación de las PPL en los grupos vulnerables fue parte de la reforma constitucional de 2008, la cual incluyó también a niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Según Castro, la propuesta de Noboa busca priorizar la seguridad ciudadana y evitar privilegios excesivos para quienes han cometido delitos graves, sosteniendo que es necesario que el Estado proteja a quienes respetan las leyes y no a aquellos que representan una amenaza para la sociedad.
En general, el debate sobre esta reforma muestra profundas divisiones en la Asamblea Nacional, con un sector que pide reformar las políticas penitenciarias para ajustarlas a la realidad nacional, mientras otros instan a tomar precauciones en el trato a los derechos humanos de las PPL.
