Dudas sobre la ley urgente para mejorar la recaudación a través del combate al lavado de activos
El proyecto de ley urgente para mejorar la recaudación fiscal mediante el combate al lavado de activos se enfrenta a un fuerte rechazo en la Asamblea Nacional de Ecuador. Diversas bancadas, incluyendo la Revolución Ciudadana (RC), el Partido Social Cristiano (PSC), el movimiento Construye y algunos asambleístas independientes, han manifestado preocupaciones sobre el contenido del informe que será debatido en primer debate. Los opositores advierten que, de no modificarse sustancialmente el proyecto, este podría ser archivado.
Las objeciones principales giran en torno a lo que consideran nuevos impuestos, especialmente en la compra y venta de vehículos usados, lo que podría generar un impacto negativo en la economía. Con más de 80 votos en contra de la propuesta en su estado actual, se abre el debate sobre la necesidad de ajustar el proyecto para que sea viable.
El debate sobre los nuevos impuestos
El proyecto, impulsado por el Ejecutivo con el objetivo de mejorar la recaudación fiscal y combatir el lavado de activos, establece un ajuste en el impuesto sobre la venta de vehículos usados. Actualmente, los compradores de vehículos usados pagan un impuesto del 1 % sobre el valor del automóvil. El nuevo proyecto propone una reducción a 0,75 % para vehículos cuyo valor no exceda los $20,000. Para los autos de mayor valor, los impuestos se incrementan progresivamente: de 1 % para vehículos de entre $20,000 y $50,000, hasta un 4,25 % para los vehículos que superan los $80,000.
Según la legisladora Nathaly Farinango (ADN), presidenta de la Comisión de Régimen Económico, esta propuesta no introduce un nuevo impuesto, sino que ajusta la tasa que ya se cobra por la compra de vehículos usados. Aseguró que la iniciativa busca regular el sector de la compraventa de autos usados, un área susceptible de ser utilizada para el lavado de dinero, según estudios internacionales.
La postura de la oposición
Los bloques de la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano (PSC) han sido los más vocales en contra de este proyecto. El legislador Cristhian Vega (RC) criticó la propuesta, señalando que bajo el pretexto de combatir el lavado de activos, el proyecto en realidad está introduciendo nuevos impuestos. Según Vega, las modificaciones al impuesto de vehículos usados podrían terminar encareciendo aún más la compra de autos de alta gama, lo que no contribuiría al objetivo de mejorar la recaudación fiscal, sino que podría tener efectos negativos en el mercado.
Vega también cuestionó la inclusión de reformas a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que permitirían que esta unidad solicitara, sin la intervención judicial, el congelamiento de bienes de personas sospechosas de estar involucradas en lavado de activos. Esta medida, según Vega, vulnera derechos constitucionales como la presunción de inocencia.
Por su parte, Vicente Taiano, coordinador de la bancada del PSC, expresó su preocupación por la incertidumbre legal que genera el proyecto, señalando que abre la puerta a posibles abusos e imprecisiones que podrían ser usadas para justificar persecuciones políticas. A pesar de algunas modificaciones al informe original, Taiano subrayó que el PSC no apoyará la ley si sigue manteniendo las cargas impositivas adicionales, especialmente en un contexto económico difícil para muchos ciudadanos.
La propuesta de reformas a los clubes deportivos
Uno de los aspectos adicionales que ha generado controversia en el proyecto de ley es la propuesta de convertir a los clubes deportivos profesionales en sociedades anónimas deportivas. La iniciativa busca asegurar una mayor transparencia en las fuentes de financiamiento y en la identificación de los principales accionistas de los clubes. Aunque algunos consideran que la reforma es positiva, otros, como Cristhian Vega, sugieren que este tema debe ser tratado de manera independiente a través de una reforma específica a la Ley del Deporte, y no como parte de un proyecto tan amplio y urgente.
El riesgo de archivo del proyecto
Con las críticas que ya ha recibido, el futuro del proyecto de ley en la Asamblea es incierto. Camilo Salinas, coordinador de la bancada del movimiento Construye, reveló que su grupo decidió no respaldar la iniciativa debido a la propuesta de nuevos impuestos, tanto a las universidades como a la compra y venta de vehículos. Según Salinas, el gobierno estaría buscando financiar propuestas electorales a través de más impuestos, lo que no es aceptable para su bancada.
La incertidumbre sobre el futuro del proyecto es creciente. De no llegar a acuerdos satisfactorios en el primer debate, algunos sectores ya han advertido que la propuesta podría ser archivada, lo que representaría un revés significativo para el gobierno en términos de recaudación fiscal y en su lucha contra el lavado de activos.
La visión de los oficialistas
A pesar de las objeciones, los legisladores oficialistas insisten en que el objetivo de la propuesta es combatir el lavado de activos y fortalecer las herramientas para la fiscalización y el control financiero. La presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Nathaly Farinango, reiteró que el proyecto no busca crear nuevos impuestos, sino modular los existentes para hacerlos más justos y eficientes. Además, destacó la importancia de la regulación de los clubes deportivos, que permitiría un mayor control sobre sus fuentes de financiamiento.
En este contexto, el debate sobre el proyecto continúa siendo un tema de discusión caliente, con grandes posibilidades de cambios antes de su aprobación final.
