El trámite del Código Orgánico de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes (COPINNA) en la Asamblea Nacional ha sido suspendido debido a la falta de consenso entre las bancadas y a la necesidad de más tiempo para estudiar el documento. El proyecto, que busca actualizar la legislación sobre la protección de los derechos de menores en Ecuador, está compuesto por más de 800 artículos, y no se ha establecido aún una fecha para el segundo y definitivo debate.
Falta de lectura y desinformación en torno al COPINNA
La presidenta de la comisión de niñez, Pierina Correa, hizo un llamado urgente a los legisladores para que se dediquen a leer el contenido completo del COPINNA, ya que, según ella, muchos asambleístas no han leído el informe previo al segundo debate y, en su lugar, se han dejado influenciar por una campaña mediática de desinformación. Correa señaló que los rumores en torno a temas como la adopción por personas del mismo sexo en el COPINNA son completamente falsos y no están reflejados en el texto.
«Lo que está ocurriendo es que se distorsionan temas tan sensibles, como la adopción y la responsabilidad penal de adolescentes, creando pánico y confusión entre la ciudadanía», indicó Correa durante su intervención. Además, la legisladora aclaró que el aborto no es un tema que se impulse dentro del proyecto, y que las decisiones se toman basadas en la sentencia de la Corte Constitucional.
Temas clave en el debate: Adopción, responsabilidad penal y derechos de los adolescentes
El COPINNA abarca varios temas delicados, incluido el subsistema de responsabilidad penal de adolescentes, que ha generado controversia. Uno de los puntos más debatidos es la edad de imputabilidad, que se mantiene en 14 años, a pesar de las recomendaciones internacionales para elevarla a 16 años. Correa también defendió que, aunque se proponían penas más severas para los delitos cometidos por adolescentes, estas se mantienen dentro del rango de 4 a 8 años.
El proyecto se estructura en cuatro libros que abarcan los principios generales, los derechos de los menores en su contexto familiar, el sistema nacional de protección y el sistema penal para adolescentes. La discusión más fuerte se ha centrado en cómo tratar a los adolescentes infractores, especialmente aquellos involucrados en delitos graves como el asesinato, el secuestro y la extorsión.
Críticas a la responsabilidad penal y la impunidad
El asambleísta Jorge Peñafiel, del movimiento Construye, expresó su preocupación sobre la falta de medidas contundentes para combatir la delincuencia organizada. Según Peñafiel, el proyecto de ley mantiene las penas actuales para los adolescentes, lo que, en su opinión, no es suficiente para enfrentar la creciente violencia en el país. «No podemos permitir que los adolescentes infractores, especialmente aquellos vinculados con el crimen organizado, sigan siendo tratados de la misma manera», afirmó el legislador.
Peñafiel propone que los adolescentes infractores que cometen delitos graves sean juzgados como adultos, y que se eliminen los beneficios judiciales y penitenciarios para los delitos como secuestro y extorsión. En su informe de minoría, pidió una reforma profunda al tratamiento judicial de los menores de edad involucrados en crímenes de alto impacto.
Divergencias sobre el proyecto y necesidad de consenso
Por su parte, Vicente Taiano, asambleísta del Partido Social Cristiano, resaltó que el país necesita con urgencia un nuevo marco jurídico para proteger los derechos de la niñez y adolescencia. Sin embargo, advirtió que ciertos temas polémicos, como la adopción por parte de parejas del mismo sexo y los cambios de identidad de los menores, deben ser discutidos a fondo antes de su aprobación definitiva. «Este proyecto no puede pasar sin un análisis detallado. Los temas que aborda son tan sensibles que debemos ser claros sobre lo que estamos aprobando», subrayó Taiano.
El debate sobre la responsabilidad penal de los adolescentes infractores ha sido uno de los más polarizantes. Mientras que algunos legisladores insisten en la necesidad de aplicar una justicia restaurativa, otros argumentan que, debido a la situación de violencia en el país, es crucial que se endurezcan las penas para ciertos delitos cometidos por menores.
¿Qué sigue para el COPINNA?
Ante la falta de acuerdo sobre estos temas clave, la presidenta de la comisión, Pierina Correa, sugirió que el debate se suspendiera hasta que se llegue a un consenso más claro y se logre un texto definitivo que no cause alarmas innecesarias entre la ciudadanía. Los legisladores siguen trabajando para alcanzar acuerdos mínimos que permitan avanzar en el trámite del COPINNA sin que se generen nuevas controversias.
La discusión sobre este Código no solo refleja las tensiones sobre la protección de derechos de la niñez, sino también las profundas diferencias sobre cómo abordar la delincuencia juvenil y el tratamiento judicial de los adolescentes infractores en el contexto actual de violencia en Ecuador.
