En el marco del juicio por el caso Metástasis, que se lleva a cabo en la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía General ha comenzado a presentar las acusaciones contra 21 procesados implicados en una red de delincuencia organizada, vinculada al narcotraficante fallecido Leandro Norero, conocido como «el Patrón».
Entre los acusados se encuentra Xavier N., alias Novita, quien es señalado como uno de los cuatro líderes de esta red. La Fiscalía tiene la intención de demostrar que él orquestó una amplia red de influencias en la Corte de Justicia de Guayas. Según las autoridades, Xavier N. se comunicaba regularmente con Norero a través de una aplicación de mensajería, gestionando sobornos para asegurar decisiones judiciales favorables a Norero y su familia.
Los otros tres líderes, identificados como Fabián C., Xavier J. y Cristian R., están actualmente prófugos, lo que ha llevado a la suspensión de su etapa de juicio.
Además de los líderes, 20 colaboradores fueron citados a la audiencia. La Fiscalía ha apuntado a Wilman Terán, alias Diablo, ex presidente del Consejo de la Judicatura y ex juez nacional, quien presuntamente facilitó la compra de decisiones judiciales para un caso de hábeas corpus que beneficiaba a un familiar de Norero. Según el fiscal Wilson Toainga, Terán también habría retrasado el trámite del hábeas corpus para darle tiempo a Norero para negociar con el juez encargado de su caso de lavado de activos.
El exjuez Ronald G., apodado Momia, también se encuentra entre los acusados. La Fiscalía argumenta que él colaboró en la gestión de un caso de lavado de activos en favor de Norero, recibiendo sobornos a cambio de emitir resoluciones judiciales favorables, e incluso planeaba sobreseer el caso a cambio de propiedades.
Otro exjuez, Johann M., supuestamente se apartó intencionadamente de un caso que negaba la prisión preventiva contra Norero y su familia, lo que permitió que la red criminal formara un tribunal afín a sus intereses.
Carlos Z., ex presidente de la Corte de Manabí, también es mencionado por su colaboración con la red criminal, ya que habría facilitado que los procesos legales contra Agustín Intriago, ex alcalde de Manta y supuesto financista de Norero, no avanzaran. Además, se alega que Xavier J. le solicitó ayuda para gestionar un hábeas corpus en favor de Jorge Glas y Daniel Salcedo.
Por otro lado, la Fiscalía ha señalado a María José A., fiscal en Samborondón, quien presuntamente alteró el tipo penal en un caso de tráfico de armas contra Norero, lo que resultó en la modificación de la prisión preventiva. También se alega que John C., fiscal de Guayas, ofreció asesoría a Norero en estrategias de defensa relacionadas con el tráfico de drogas.
Otro implicado, Víctor Hugo A., fiscal de Santo Domingo, habría filtrado información reservada a la red criminal, permitiendo que sus miembros evadieran operativos policiales. Además, Doris O., oficial de la Unidad Antilavado de Activos, habría redireccionado informes financieros para beneficiar a Norero.
Finalmente, Armando R., un mayor de Policía, supuestamente usó su negocio de compra y venta de vehículos para financiar a Norero, mientras que Ángel L., investigador de la Dinased, habría proporcionado información sobre operativos policiales y aconsejado a Norero sobre cómo ocultar evidencias de sus delitos.
Este caso sigue en desarrollo, y la Fiscalía espera presentar más pruebas para corroborar las graves acusaciones contra todos los implicados.
