El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se pronunció este lunes en relación con la detención de varios funcionarios municipales, quienes fueron sorprendidos colocando pancartas en contra del gobierno de Daniel Noboa en diferentes puntos de la ciudad. El ministro del Interior, John Reimberg, había alertado previamente sobre estos hechos, anunciando en su cuenta de la red social X que se había procedido con la aprehensión de los implicados.
Reimberg compartió imágenes de las pancartas y material alusivo, que contenían mensajes críticos hacia la administración actual, mostrando su preocupación por el uso de recursos públicos y funcionarios municipales en actividades presuntamente ilegales. Según el ministro, los carteles fueron colocados en diversas zonas de Guayaquil, lo que generó un fuerte rechazo por parte de las autoridades gubernamentales.
Ante este panorama, Aquiles Álvarez reaccionó públicamente a la situación. En su respuesta al ministro Reimberg, el alcalde de Guayaquil dejó claro que, en caso de ser necesario, el Municipio de Guayaquil está dispuesto a colaborar con las investigaciones y las denuncias correspondientes. Álvarez subrayó que las autoridades locales no toleran actos que involucren el uso indebido de funcionarios públicos para fines políticos o partidistas.
Sin embargo, Álvarez fue enfático en recalcar que los responsables deben ser identificados de manera clara. «Que digan quién los ha enviado», expresó el alcalde, sugiriendo que las personas detrás de este tipo de acciones deberían asumir la responsabilidad de lo ocurrido. En su declaración, el alcalde dejó en claro que actuará conforme a la ley y apoyará las investigaciones, pero instó a una mayor transparencia sobre los actores involucrados en este incidente.
El caso de las pancartas en contra del Gobierno, que incluye mensajes de crítica hacia las políticas del presidente Noboa, se ha convertido en un tema de controversia en la ciudad, generando distintas opiniones entre la población. Mientras algunos sectores apoyan la libertad de expresión y consideran que las pancartas reflejan el descontento popular, otros lo ven como un acto de desobediencia y un abuso de los recursos públicos.
El incidente ha puesto de manifiesto las tensiones políticas entre el Gobierno central y los líderes locales, en un contexto de creciente polarización política en el país. La situación continúa siendo monitoreada por las autoridades, quienes buscan esclarecer los hechos y tomar las medidas legales correspondientes.
