En el marco del juicio del caso Metástasis, la Fiscalía General del Estado ha comenzado a presentar su acusación, asegurando que se trató de una “empresa criminal” liderada por el narcotraficante Leandro Norero, asesinado en 2022. Esta organización, según la Fiscalía, logró infiltrarse en el sistema de justicia ecuatoriano con el objetivo de obtener decisiones judiciales favorables, beneficios penitenciarios y acceso a información privilegiada, utilizando para ello a jueces, fiscales, policías y otros actores del ámbito judicial.
Durante la audiencia preparatoria, el fiscal subrogante Wilson Toainga destacó que el caso Metástasis ilustra la profunda corrupción que afecta al sistema judicial del país. En su intervención, Toainga afirmó que las acusaciones que circulaban sobre la influencia de grupos criminales en la justicia se han confirmado a través de las investigaciones, describiendo el caso como una “radiografía” de la descomposición de las instituciones judiciales. “Este es el primer caso que revela cómo el sistema judicial está gangrenado, haciendo imposible su regeneración sin una depuración profunda”, afirmó Toainga.
El 21 de octubre, durante la audiencia de juicio, el fiscal presentó pruebas para demostrar que los acusados cometieron delitos tipificados como delincuencia organizada, conforme al artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal. La Fiscalía está acusando a 21 procesados, empezando por el líder de la organización, Alexander N., y continuando con colaboradores clave como Wilman Terán, ex presidente del Consejo de la Judicatura y ex juez nacional.
A pesar de que se le otorgaron dos horas para su intervención, Toainga concluyó su alegato en solo 30 minutos, enfatizando la gravedad de la situación. “Ecuador debe entender que lo que se investiga en Metástasis no solo impacta al sector justicia, sino a toda la sociedad”, subrayó, añadiendo que la falta de instituciones sólidas deteriora la democracia y la igualdad en el país.
La investigación del caso Metástasis se inició tras el asesinato de Norero en el Centro de Privación de la Libertad (CPL) de Cotopaxi en octubre de 2022. La Fiscalía ha recopilado numerosas pruebas, incluidos dispositivos móviles que Norero utilizó para coordinar sus actividades delictivas. Se reveló que, desde su detención el 25 de mayo de 2022, junto a sus hermanos y su esposa, Norero había establecido una estructura criminal para proteger sus intereses desde dentro de la prisión.
La Fiscalía señala que, tras su detención, Norero buscó asegurar su libertad y mantener su impunidad, lo que fue posible gracias a la colaboración de un grupo estructurado. Este grupo se encargó de la dirección, planificación y manejo financiero de las actividades criminales.
El caso Metástasis continúa siendo un tema candente en el ámbito judicial y social de Ecuador, evidenciando la necesidad urgente de reformar y fortalecer las instituciones para restaurar la confianza pública en la justicia.
