La descalificación de la candidatura presidencial de Jan Topic Feraud se considera ejecutoriada, ya que el partido Sociedad Unida Más Acción (SUMA) no presentó recursos para impugnar la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Esto deja al Consejo Nacional Electoral (CNE) con la tarea de reconocer esta resolución y proceder con los plazos correspondientes.
Este sábado, 16 de noviembre, el CNE tiene previsto sesionar para ratificar la decisión tomada por el TCE y otorgar a SUMA un plazo de dos días para postular a un nuevo candidato que cumpla con las normativas legales y constitucionales vigentes. En caso de no presentar una nueva candidatura en ese lapso, la postulación será rechazada de manera definitiva.
La descalificación de Topic se originó tras una impugnación presentada por los partidos Pachakutik y Sociedad Patriótica, quienes argumentaron que el empresario incurría en una prohibición estipulada en el Código de la Democracia, al tener vínculos empresariales con el Estado. El TCE, tras estudiar el caso, concluyó que Topic tenía contratos que podrían representar un conflicto de interés en caso de ser elegido presidente.
El fallo que rechazó la candidatura de Topic fue aprobado por el TCE con cuatro votos a favor, siendo redactado por el juez Ángel Torres Maldonado. En su resolución, Torres destacó que la participación del empresario en ciertas sociedades revelaba un posible conflicto con la normativa electoral, que establece que los candidatos no deben tener contratos con el Estado que puedan beneficiarles en caso de asumir el cargo de presidente.
Por su parte, el CNE tendrá la responsabilidad de validar o rechazar la nueva candidatura que presente SUMA. En su rol, el CNE verificará que el aspirante cumpla con todos los requisitos legales establecidos en la Constitución y las leyes electorales, como la prohibición de tener relaciones contractuales con el Estado que puedan influir en su futura elección.
Este paso en el proceso electoral subraya la importancia de la transparencia y el cumplimiento de las normativas, no solo para garantizar la legalidad de las candidaturas, sino también para evitar cualquier tipo de conflicto de interés que pueda comprometer la confianza de los votantes.
