En un fallo trascendental, la Corte Constitucional de Ecuador declaró inconstitucional el encargo de la Presidencia de la República a Cynthia Gellibert, actual secretaria de la Administración Pública. La sentencia, emitida el lunes 3 de febrero de 2025, tiene implicaciones significativas en el contexto electoral del país, especialmente porque se da a solo tres días del cierre de la campaña electoral para las elecciones generales, programadas para el 9 de febrero.
La controversia surgió debido a que el presidente Daniel Noboa había delegado la responsabilidad de la Presidencia a Gellibert a través de los decretos ejecutivos 500 y 505, con el objetivo de poder concentrarse en su campaña electoral. Esta decisión de delegar la primera magistratura a un funcionario de confianza fue recibida con críticas desde diversos sectores políticos y jurídicos, que consideraban que este mecanismo podría contravenir la Constitución del país.
El fallo de la Corte Constitucional establece que la medida es contraria a la Carta Magna, invalidando la acción tomada por Noboa. El Tribunal precisó que el encargo de la Presidencia a otra persona no es compatible con las disposiciones constitucionales sobre el ejercicio del poder y la administración pública, y destacó que esta clase de decisiones deben ser cuidadosamente analizadas dentro del marco legal vigente.
La decisión de la Corte también refleja la importancia de mantener la separación de poderes y la vigencia de los principios constitucionales durante períodos electorales, evitando que se utilicen cargos públicos para fines de campaña. Al no poder delegar la Presidencia de la República, Daniel Noboa se ve obligado a asumir sus funciones al frente del Ejecutivo hasta el cierre de la campaña, lo que podría influir en sus movimientos y la logística de su candidatura en los días previos a las elecciones.
Con esta resolución, el panorama electoral para el 9 de febrero experimenta un nuevo giro, ya que, además de las presiones propias de una campaña electoral, la decisión judicial podría afectar la percepción pública sobre la legalidad de las acciones gubernamentales y el uso de recursos estatales durante los comicios.
El fallo subraya la vigencia de la Constitución y la necesidad de que los actos administrativos se alineen con los principios democráticos establecidos. La Corte Constitucional se ha encargado de velar por el cumplimiento de las normas, en un contexto electoral que ha sido marcado por la polarización y la tensión entre los distintos actores políticos del país. Con el cierre de campaña a la vista, todos los ojos estarán puestos en las decisiones que tome Noboa y en cómo la sentencia influirá en el desarrollo de los últimos días de su candidatura.
