El presidente de Ecuador, Daniel Noboa Azín, presentó este martes un nuevo proyecto de ley económica urgente a la Asamblea Nacional, cuyo objetivo principal es revolucionar la contratación pública en el país. El documento, denominado Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública, será tramitado en un plazo máximo de treinta días, según lo estipulado por la normativa vigente para iniciativas calificadas como urgentes.
Esta propuesta legislativa introduce modificaciones clave a dos leyes fundamentales: la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) y la Ley Orgánica del Servicio Público. La finalidad es incorporar mecanismos innovadores y modernos en los procesos de contratación estatal, lo que permitirá, según el Ejecutivo, mejorar la transparencia, combatir la corrupción y aumentar la eficiencia en la administración pública.
El gobierno enfatiza que la iniciativa busca «transformar la contratación pública, uno de los principales mecanismos del Estado para ejecutar políticas y proyectos, históricamente afectado por la ineficiencia, la opacidad y la corrupción del Viejo Ecuador». Esta reforma aspira a garantizar un desarrollo sostenible y equitativo, apuntalando así el progreso social, económico y financiero del país.
Entre los principales ejes del proyecto destaca la implementación de sistemas tecnológicos avanzados para la gestión y supervisión de las compras públicas, con el fin de optimizar recursos y acelerar los procesos administrativos. Además, se propone fortalecer el control ciudadano y la fiscalización para evitar irregularidades y favorecer la confianza en las instituciones.
Daniel Noboa ha identificado la lucha contra la corrupción en las compras estatales como uno de los retos más importantes de su administración. Esta iniciativa legislativa es la segunda que presenta de carácter urgente en materia económica, lo que evidencia su compromiso por promover un cambio profundo en la gestión pública del Ecuador.
Con esta reforma, se espera que el Estado no solo mejore su capacidad operativa, sino que también refuerce el tejido social al asegurar que los bienes y servicios adquiridos realmente satisfagan las necesidades de la población.
El proceso de debate y aprobación del proyecto arrancará de inmediato en la Asamblea Nacional, con un plazo de 30 días para su análisis y eventual sanción, en cumplimiento con los procedimientos legales para leyes urgentes. El Ejecutivo confía en el respaldo de los legisladores para impulsar una gestión pública más transparente, eficaz y alineada con los objetivos de desarrollo sostenible.
