La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, bajo la presidencia de Valentina Centeno (Acción Democrática Nacional – ADN), aprobó este martes 27 de mayo el informe para el primer debate del proyecto denominado Ley Orgánica de Solidaridad Nacional. Esta iniciativa legislativa busca desarticular la economía criminal relacionada con el conflicto armado interno que afecta a Ecuador.
Durante la sesión, el asambleísta Lenin Lara Pérez, también miembro de ADN, resaltó la importancia de la ley al expresar: “Con esta ley estamos afirmando que el Estado no se arrodilla, que nuestras fuerzas del orden ya no estarán solas, que nosotros, como legisladores, estamos representando bien a este país”. Su declaración refleja el compromiso político y social para fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada.
Por su parte, la presidenta de la Comisión, Valentina Centeno, señaló su satisfacción con el informe aprobado. “Me siento muy orgullosa de este primer informe porque se respeta el espíritu de la ley, que es unir a la sociedad civil, al Estado y a la empresa privada para poder combatir a los grupos de delincuencia organizada transnacional, sobre todo con una mirada de protección a nuestras fuerzas del orden que tanto lo necesitan”, afirmó Centeno, quien también votó favorablemente.
La propuesta legal tiene como fin primordial atacar y desmantelar las redes económicas que financian y sostienen a grupos vinculados con el conflicto armado interno. Estos grupos han generado un impacto negativo significativo en la estabilidad social y económica del país.
Con esta ley, se busca establecer un marco jurídico robusto que permita coordinar esfuerzos entre diferentes sectores, incluyendo autoridades estatales, el sector privado y la sociedad civil, para fortalecer la seguridad y garantizar el respeto a los derechos humanos en el proceso.
El informe aprobado será presentado próximamente para su primer debate en el pleno de la Asamblea Nacional, donde se espera contar con un amplio respaldo para avanzar en la implementación de esta normativa, considerada crucial para la estabilidad y el desarrollo de Ecuador.
Este paso legislativo representa un avance importante en la estrategia nacional para combatir la delincuencia organizada, proteger a las fuerzas del orden y contribuir a la construcción de un país más seguro y justo.
