La presión para la dimisión de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, ha aumentado significativamente después de que se hiciera público un video comprometededor de 2013. En el video, su cuñado, Carlos Zelaya, aparece en una reunión con narcotraficantes que ofrecieron financiación para la campaña del Partido Libertad y Refundación (Libre).
Gabriela Castellanos, presidenta del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en Honduras, ha solicitado formalmente la renuncia de Castro. Castellanos publicó una carta en sus redes sociales en la que critica duramente a la presidenta y su entorno familiar por las acusaciones de narcotráfico. Según Castellanos, estas acusaciones reflejan una grave violación de la confianza pública y los principios éticos necesarios para el buen funcionamiento del gobierno.
“Los vínculos con el crimen organizado, especialmente en los altos cargos designados por la presidenta, han colapsado el Estado”, afirma Castellanos en su carta. “El hecho de ignorar estos vínculos y atacar a otros acusados solo servirá para que la ciudadanía recuerde que Honduras sigue siendo un narcoestado”.
La presión sobre Castro ha aumentado tras la divulgación de un informe y un video por parte de InSight Crime, una organización estadounidense que investiga el crimen organizado en las Américas. El video muestra a Carlos Zelaya, cuñado de Castro y hermano del expresidente Manuel Zelaya, en una reunión con narcotraficantes en noviembre de 2013. Durante esta reunión, se discutió la posibilidad de una donación de más de 500.000 dólares para la campaña del Partido Libre.
Carlos Zelaya ha admitido haber asistido a esta reunión, pero negó haber recibido dinero. Además, renunció a sus cargos como secretario y diputado del Parlamento hondureño.
En respuesta a las acusaciones, Xiomara Castro condenó cualquier tipo de negociación entre narcotraficantes y políticos y denunció un supuesto plan para destruir su gobierno. Castro acusó a fuerzas internas y externas de estar organizando un nuevo golpe de Estado y advirtió que no permitirá que se utilice el tratado de extradición con Estados Unidos para desmantelar su administración.
La tensión también ha escalado a nivel diplomático. Castro anunció la terminación del tratado de extradición con EE.UU., lo que ha generado una disputa con la embajadora estadounidense en Tegucigalpa, Laura Dogu. Esta medida se produce en un contexto de creciente fricción tras la crítica de Dogu a una reciente reunión de funcionarios hondureños con el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, sancionado por EE.UU.
El gobierno hondureño, por su parte, ha publicado una lista de políticos con causas judiciales por narcotráfico en Estados Unidos, que en su mayoría pertenecen al Partido Nacional, principal fuerza opositora.
