El 3 de octubre de 2024, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional reanudó el juicio político contra Mónica Palencia, actual ministra del Interior. Durante la sesión, se esperaba recibir la prueba testimonial de Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, en defensa de Palencia, quien enfrenta acusaciones por presunto incumplimiento de funciones relacionadas con la intervención de la fuerza pública en la Embajada de México en Quito y falta de acción en materia de seguridad.
Los asambleístas Leonardo Berrezueta y Paola Cabezas, de la bancada Revolución Ciudadana, presentaron estas acusaciones en los meses de abril y julio, las cuales fueron unificadas por la presidenta de la mesa de Fiscalización, Pamela Aguirre.
Durante la fase de pruebas, la comisión escuchó a los acusadores; sin embargo, estos no se presentaron a la sesión. Para evitar una «teatralización» del proceso, Aguirre optó por realizar la reunión de forma virtual, subrayando la importancia de mantener un ambiente de respeto y sin confrontaciones. La presidenta instó a los presentes a mantener la calma y a evitar escándalos.
La sesión se suspendió a las 10:00 cuando Mónica Palencia solicitó verificar la conexión de Aguirre. En medio de la exposición de Núñez, la presidenta tuvo problemas técnicos, lo que llevó al secretario de la comisión, Jairo Jarrín, a asumir el control. Jarrín, al finalizar la comparecencia de Núñez, anunció los nombres de los testigos programados y las cartas de Palencia sobre cambios en los horarios de las comparecencias.
Al insistir en la verificación de la conexión, Palencia interrumpió y expresó su preocupación por las irregularidades en el proceso, solicitando que la sesión se suspendiera hasta que se resolvieran los problemas técnicos. El secretario aclaró que la suspensión no era a petición de Palencia, sino una decisión de la presidencia debido a la falta de conexión.
En la reanudación programada para el mismo día, Ivonne Núñez testificó, describiendo a Palencia como una funcionaria honesta y cumplidora de la ley. Núñez recordó su colaboración con Palencia en la creación de un grupo de independencia judicial en 2017, cuyo objetivo era denunciar abusos en el Consejo de la Judicatura que resultaron en la destitución de más de 700 funcionarios. Esta situación ha llevado al Estado ecuatoriano a tener que pagar más de $150 millones en reparaciones económicas.
Durante la sesión, se discutió un aumento en el rancho mensual de los policías en servicio activo, que pasó de $90 a $198. La legisladora Paola Cabezas cuestionó la existencia de un convenio entre los ministerios que justificara este incremento, argumentando que sin un acuerdo oficial no había motivo para la comparecencia de Núñez, lo que fue refutado por la ministra.
El legislador César Umajinga pidió que se evitara el ruido y los ataques personales durante las discusiones, sugiriendo un enfoque técnico y profundo sobre los temas tratados. También preguntó a Núñez sobre las acciones implementadas para apoyar a grupos vulnerables, a lo que ella respondió que se habían realizado ferias de empleo en Durán, beneficiando a jóvenes y personas con discapacidad.
Por su parte, el exlegislador Ferdinan Álvarez instó a que no se le negara a Palencia su derecho a una defensa justa. Este pedido fue rechazado por la asambleísta Sofía Espín, quien pidió que Álvarez no asumiera el rol de abogado y se limitara a formular preguntas.
Entre los testigos que debían comparecer estaban Alejandro Chanona y Óscar Villafuerte, aunque Chanona no asistió por motivos personales. Palencia solicitó que Leandro Chalela fuera convocado en lugar de Villafuerte para el horario programado.
Finalmente, Palencia enfatizó que no se sometería a las irregularidades que habían marcado el procedimiento, y sugirió que las sesiones se realizaran de manera presencial para garantizar la participación efectiva de los testigos.
