El proceso penal conocido como caso Liga2, que involucra a exfuncionarios del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), avanza con intensidad. A 51 días de abierta la etapa de instrucción fiscal, la Fiscalía General del Estado ha acumulado un extenso expediente que supera las 21.000 fojas, una muestra del volumen y complejidad del caso por asociación ilícita.
Con menos de 40 días restantes para concluir la instrucción, la Fiscalía continúa recabando información clave contra Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor —todos exconsejeros del CPCCS— y Nicole Bonifaz, actual consejera de esa misma institución.
La causa penal se activó oficialmente el pasado 15 de marzo de 2025, cuando la Corte Nacional de Justicia (CNJ) acogió la audiencia de formulación de cargos. En ese momento, el conjuez Marco Aguirre asumió temporalmente la conducción del proceso, en reemplazo de la jueza penal Daniella Camacho, quien retomará el caso para emitir decisiones futuras.
La Fiscalía formuló cargos contra los cuatro implicados como autores directos del presunto delito de asociación ilícita, en el marco de una investigación que busca esclarecer la existencia de una red que habría operado al interior del CPCCS con fines contrarios a la ley.
Aunque no se han revelado públicamente todos los detalles del caso, el volumen documental sugiere que el Ministerio Público está manejando una línea de investigación compleja, sustentada en comunicaciones, informes internos y presuntos vínculos entre los procesados para favorecer decisiones dentro del organismo de participación.
El nombre “Liga2” fue asignado por la Fiscalía a esta causa como identificación interna. Hasta ahora, no se ha determinado si se abrirán más líneas dentro del expediente o si se vinculará a nuevos actores. Sin embargo, fuentes judiciales no descartan que, en las próximas semanas, se soliciten más diligencias investigativas o ampliaciones del caso.
Por ahora, el proceso se mantiene bajo reserva en varios aspectos, dada la naturaleza penal y el alto perfil político e institucional de los acusados. La defensa de los implicados ha cuestionado la legitimidad del proceso, mientras que el Ministerio Público insiste en que cuenta con “elementos de convicción suficientes” para sustentar los cargos.
El plazo restante para esta etapa de instrucción fiscal vencerá a mediados de junio, fecha en la cual la jueza Daniella Camacho deberá evaluar si existen méritos suficientes para llamar a juicio a los procesados.
