El Comité de Fiscalización confirma que el campo Sacha sigue adjudicado a Sinopetrol

POLÍTICA

El Comité de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador emitió un comunicado este martes, 18 de marzo de 2025, en el que afirmó que el campo Sacha sigue estando adjudicado al consorcio Sinopetrol. Esta declaración llega en un contexto de incertidumbre sobre la resolución tomada por el Gobierno en relación con este importante bloque petrolero.

A pesar de las versiones oficiales que aseguran que la adjudicación de Sacha “está caída”, el Comité aclaró que, hasta la fecha, no se ha llevado a cabo el procedimiento legal y formal necesario para revertir la decisión tomada por el presidente Daniel Noboa, que otorgó la operación del campo a Sinopetrol. El consorcio había dejado de cumplir con el pago de la prima de $1.500 millones, lo cual había sido estipulado como requisito para asumir el control del campo.

La resolución sigue vigente

El Comité de Fiscalización también indicó que, hasta el momento, la resolución n.º MEM-MEM-2025-0002-RM, a través de la cual se adjudicó el campo Sacha a Sinopetrol, sigue vigente, lo que significa que, legalmente, la adjudicación continúa en pie. Esta situación ha generado preocupación en varios sectores, dado que el campo Sacha es considerado el bloque petrolero más productivo del país, y su entrega al sector privado podría tener implicaciones significativas para la industria energética nacional.

“Es importante señalar que, aunque existen declaraciones gubernamentales sobre la caída de la adjudicación, el campo Sacha sigue siendo oficialmente parte del consorcio Sinopetrol”, subrayó el Comité en su boletín.

Exigencia legislativa

Además, el Comité de Fiscalización exigió la derogación inmediata de la resolución que adjudicó el campo a Sinopetrol. Los miembros de la mesa legislativa expresaron su preocupación por la falta de claridad y transparencia en los procedimientos, y reiteraron que el Gobierno tiene la potestad de formalizar la entrega del campo a través de la firma de un contrato de concesión con el consorcio, lo que dejaría en manos privadas el control de uno de los recursos más estratégicos del país.

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