El 19 de febrero de 2025, colectivos sociales convocaron a una marcha en rechazo a la reciente sentencia de la Corte Constitucional (CC) sobre la identidad de género en niños. La decisión de la Corte ha generado una fuerte controversia entre padres de familia, expertos en salud mental y abogados, quienes consideran que la medida pone en riesgo la autonomía y los derechos de los menores.
Durante una mesa técnica, los convocantes expresaron su oposición a la sentencia de la CC, que se pronunció sobre el reconocimiento y la protección legal de la identidad de género en menores de edad. En este contexto, los participantes argumentaron que la decisión judicial es un avance innecesario y que no se toman en cuenta los impactos potenciales sobre el bienestar emocional y psicológico de los niños.
Según los organizadores de la marcha, la sentencia de la Corte Constitucional podría alterar la percepción y el trato hacia los menores en términos de su identidad de género, sin una adecuada supervisión de profesionales en salud mental. Además, se sostuvo que las decisiones respecto a la identidad de género de los niños deben ser tomadas cuidadosamente, considerando el contexto familiar y el acompañamiento médico adecuado.
Los grupos opositores, que incluyen tanto a organizaciones pro-familia como a expertos legales, sostienen que la medida judicial se adopta sin un consenso suficiente entre las partes involucradas, lo que genera incertidumbre sobre su implementación efectiva y las consecuencias a largo plazo para los menores.
El reclamo de los convocantes está centrado en la necesidad de que las autoridades se aseguren de que las decisiones relacionadas con la identidad de género infantil se tomen con una mayor cautela, teniendo en cuenta no solo las normativas legales, sino también las consideraciones médicas y psicológicas que deben guiar tales decisiones.
Con la marcha programada, se espera una manifestación de miles de personas en las calles para hacer escuchar sus voces en contra de la sentencia. Los organizadores insisten en la importancia de una discusión abierta sobre este tema, para garantizar que se respeten los derechos de los menores sin imponer una agenda política o ideológica en su desarrollo personal.
