La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, presentó denuncias ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) contra la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y la Unión Nacional de Educadores (UNE) por presuntas infracciones electorales. La acusación se basa en la no presentación de los informes de gastos de campaña durante la consulta popular sobre el bloque 43 del Yasuní-ITT.
Según lo establecido en el Código de la Democracia, las organizaciones políticas que no presenten sus cuentas de campaña pueden enfrentar la suspensión o eliminación de su registro electoral, lo que les impediría participar en futuros comicios.
De acuerdo con los documentos presentados ante el TCE, el 17 de octubre de 2025 Atamaint denunció a Leonidas Iza Salazar, expresidente de la Conaie; Zenaida Anabel Yasacama Gayas, encargada de la gestión económica; y Patricia Estefanía Lalvay Nauta, jefa de campaña, por no cumplir con la obligación de rendir cuentas respecto a la promoción del “sí” en la consulta que buscaba mantener indefinidamente el petróleo del bloque 43 bajo el subsuelo.
Previamente, el 10 de octubre de 2025, la titular del CNE había presentado otra denuncia similar contra la UNE, incluyendo a Guillermo Oswaldo Estrella Rodríguez, Laura Isabel Vargas Torres y Víctor Andrés Quishpe Iiguan, también por no entregar los informes económicos correspondientes a la misma consulta popular.
Ambas denuncias fueron acompañadas de anexos y soportes digitales. Según Atamaint y su equipo legal, tanto Conaie como UNE incumplieron las disposiciones del Código de la Democracia respecto a la rendición de cuentas dentro del plazo establecido luego de la campaña electoral.
La consulta popular sobre el Yasuní, realizada en agosto de 2023, preguntó a los ciudadanos si estaban de acuerdo con mantener bajo tierra el petróleo del bloque 43-ITT, situado en el Parque Nacional Yasuní. A pesar de que la opción “sí” obtuvo la mayoría de los votos, el CNE continúa con la fiscalización administrativa y de control sobre las organizaciones que participaron activamente en la campaña.
Sanciones por incumplimiento:
El artículo 281 del Código de la Democracia establece sanciones para las infracciones relacionadas con el financiamiento político y el gasto electoral. Las organizaciones y responsables económicos que no presenten los informes de cuentas de campaña pueden recibir multas de 20 a 70 salarios básicos unificados y la suspensión de derechos políticos entre 2 y 4 años, sin descartar la cancelación definitiva de su inscripción.
Además, el Código prevé sanciones adicionales para aportes ilícitos, incluyendo la suspensión de derechos políticos, multas y pérdida del cargo para quienes gestionen recursos de origen ilegal de manera dolosa. Las medidas buscan garantizar la transparencia y la legalidad en los procesos electorales del país.
