El Gobierno ecuatoriano mantiene un sistema de bonos sociales que busca mitigar la pobreza mientras se abordan problemas estructurales del país. Según la proforma presupuestaria del Estado para 2025, más de $1.700 millones se destinarán a transferencias permanentes y temporales gestionadas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).
El origen de estas políticas se remonta a noviembre de 1998, cuando el gobierno de Jamil Mahuad implementó el Bono Solidario. La medida otorgaba $15,10 mensuales a madres sin afiliación a la seguridad social con hijos menores de 18 años, y $7,60 a adultos mayores de 65 años, como compensación por la eliminación parcial de subsidios al gas, la electricidad y el diésel.
Durante la administración de Lucio Gutiérrez, esta política evolucionó al Bono de Desarrollo Humano (BDH), que se mantiene hasta hoy. Actualmente, el BDH entrega $55 mensuales a familias en situación de pobreza o pobreza extrema, y puede incrementarse hasta $150 en su versión con componente variable según la estructura del hogar. Entre enero y julio de 2025, 905.409 personas recibieron el BDH, según cifras del MIES, y la proforma presupuestaria asigna $643,5 millones para este programa.
El sistema de bonos del MIES también incluye transferencias permanentes como:
- Pensión Mis Mejores Años: $352,31 millones
- Pensión Toda una Vida: $93,90 millones
- Bono Joaquín Gallegos Lara: $134,58 millones
- Bonos para niños y adolescentes en situación de orfandad por femicidio: $0,91 millones
- Bono 100 Días: $98,31 millones
- Bonos de contingencias por desastres naturales o violencia: $1,07 millones
Además, el Gobierno de Daniel Noboa ha impulsado bonos temporales, con un presupuesto de $256,27 millones para cinco programas: Jóvenes en Acción, Migrantes Retornados, Reactívate/Incentívate Emprendedor, Ecuatorianos en Acción y el bono Catta. Otros dos bonos son el Bono Raíces, destinado a pequeños productores agropecuarios por la eliminación del subsidio al diésel, y el Legado de Honor, transferencia única para policías y militares. Según el Ministerio de Infraestructura y Transporte, $10,5 millones fueron entregados a 13.867 transportistas como compensación por el mismo motivo.
Estudios muestran que los bonos como el BDH generan mejoras significativas en la nutrición, desarrollo cognitivo y escolaridad de los niños, además de reducir el trabajo infantil, según el libro Reformas y desarrollo en el Ecuador contemporáneo. Un ejemplo concreto es Delia Reina, trabajadora doméstica que destina los $55 del BDH a alimentos y útiles escolares para su hija menor.
No obstante, expertos advierten que los bonos son soluciones a corto plazo y no resuelven problemas estructurales. Francisco Borja, economista de la Universidad San Francisco, afirma: “Los bonos deben ser a corto plazo mientras se corrigen problemas estructurales… si entregas un bono y subes la demanda sin incrementar la oferta, distorsionas los precios”.
El impacto electoral de estas transferencias también es significativo. Alfonso Roggiero, analista político, señala que “los bonos temporales se dirigen mayoritariamente a sectores de amplia votación, como los jóvenes… tienen alto rédito electoral, pero poca visibilidad de su efectividad”. Según Borja, Ecuador enfrenta un déficit en la sostenibilidad del sistema: el país se endeuda $11.000 millones anuales solo para mantener programas sociales.
En resumen, mientras los bonos alivian la pobreza de manera inmediata, expertos coinciden en que Ecuador necesita un plan integral y sostenible que combine medidas de desarrollo estructural con políticas sociales efectivas y transparentes.
