El Consejo Nacional Electoral (CNE) recordó que todos los miembros de las juntas receptoras del voto (MJRV) deben asistir obligatoriamente a la capacitación presencial antes del 15 de noviembre de 2025, en preparación para la consulta popular y referéndum convocados para el 16 de noviembre de 2025 por el presidente Daniel Noboa.
Más de 13,4 millones de ecuatorianos participarán en este proceso electoral, y el correcto funcionamiento de las mesas depende de que los MJRV estén debidamente capacitados. Por ello, el CNE habilitó 573 puntos de capacitación a escala nacional, entre fijos y móviles, disponibles de 08:30 a 17:00 hasta la fecha límite.
Capacitación obligatoria y consulta en línea
Los ciudadanos designados como miembros de mesa pueden consultar su lugar de capacitación más cercano en el portal oficial del CNE (www.cne.gob.ec).
Aunque la asistencia presencial es obligatoria, los materiales y contenidos estarán disponibles también en formato virtual, para reforzar el aprendizaje sobre el proceso electoral.
Según informó el CNE, la capacitación tiene como objetivo garantizar que las mesas receptoras del voto funcionen correctamente, que se respete la voluntad ciudadana y que el conteo de votos sea transparente.
Multas por incumplimiento
El organismo electoral advirtió que quienes no asistan a la capacitación presencial recibirán una multa de USD 47, equivalente al 10 % del Salario Básico Unificado (SBU).
En caso de que el miembro designado no se presente el día de las votaciones a cumplir su deber en la mesa electoral, la sanción será mayor: USD 70,50, equivalente al 15 % del SBU.
Estas medidas buscan reforzar la responsabilidad cívica y el cumplimiento de las obligaciones electorales, considerando que los MJRV son una pieza clave en la organización y transparencia del proceso electoral.
El CNE insistió en que la participación y capacitación son fundamentales para asegurar una consulta popular ordenada, transparente y eficiente, y recordó que el incumplimiento no solo implica sanciones económicas, sino también posibles impedimentos administrativos en futuros procesos públicos.
