Tras el levantamiento del paro nacional que duró 31 días, la Asamblea Nacional se prepara para un nuevo escenario político centrado en la consulta popular y el referéndum del próximo 16 de noviembre. La movilización, principalmente en la provincia de Imbabura, dejó un saldo de tres fallecidos y numerosos heridos entre civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, además de importantes daños a bienes públicos y privados.
Durante la crisis, el rol legislativo fue limitado. La bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) bloqueó cualquier intento de la oposición, representada por Revolución Ciudadana (RC), de censurar los operativos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. El Parlamento aprobó únicamente seis resoluciones que respaldaban al Ejecutivo y condenaban la violencia, sin asumir funciones de mediación o fiscalización.
Con la atención del país enfocada en la consulta, los legisladores del oficialismo orientarán sus esfuerzos a promover el “sí”, mientras que la oposición buscará un “no” en rechazo a la instalación de una Asamblea Constituyente. El movimiento ADN ha decidido dividir a su bloque en dos grupos para la campaña: algunos asambleístas solicitarán licencia sin sueldo para dedicarse a la propaganda electoral, mientras otros mantendrán funciones legislativas mínimas.
Por su parte, el correísmo despliega una estrategia territorial y digital para movilizar a sus bases contra el proceso constituyente. Mientras tanto, el sector indígena enfrenta divisiones internas. Los nueve representantes de Pachakutik se han fragmentado en tres grupos: uno cercano al correísmo liderado por Mariana Yumbay, otro más cauteloso encabezado por Cecilia Baltazar y un tercer bloque alineado con el Gobierno bajo José Nango, clave en decisiones recientes.
La agenda legislativa de las próximas tres semanas se verá relegada, aunque persiste la tensión sobre la investigación de los hechos violentos en Imbabura. Dos comisiones, Seguridad Integral, controlada por el oficialismo, y Niñez y Adolescencia, presidida por la correísta Viviana Veloz, investigan los mismos hechos con enfoques distintos, intensificando la polarización en el Parlamento.
El referéndum y la consulta del 16 de noviembre incluyen tres preguntas de referéndum: instalación de bases militares extranjeras, reducción del número de asambleístas y eliminación del financiamiento estatal a partidos políticos. La consulta popular abordará la instalación de una Asamblea Constituyente, el tema de mayor carga política del proceso.
En conclusión, la Asamblea Nacional busca dejar atrás la reciente crisis social, aunque su intervención fue limitada. La verdadera confrontación se traslada al ámbito electoral, donde el resultado de la consulta definirá la correlación de fuerzas dentro del Legislativo y el futuro del proceso constituyente en Ecuador.
