Tribunal Contencioso Electoral cita a Jorge Yunda a audiencia

NACIONAL POLÍTICA

El martes 12 de julio de 2022, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) admitió a trámite la causa por la que Jorge Yunda podría o no perder sus derechos políticos.

En la página web del TCE consta un documento en el que se convoca a las partes procesales (Defensa de Yunda y abogados de Santiago Guarderas) a la audiencia de Estrados para el día lunes 18 de julio de 2022, a las 19:00.

Guarderas denunció el incumplimiento de Yunda a una sentencia del TCE. De ser favorable el dictamen, Yunda perdería sus derechos políticos y se truncaría cualquier aspiración a la Alcaldía. Para esto, el TCE tiene 10 días laborales para tratar la causa; es decir, que hasta finales de julio se sabría el veredicto.

¿Yunda puede volver ser alcalde?

Jorge Yunda, primer alcalde de Quito en ser removido, vuelve a la palestra pública ante su inminente participación en las próximas elecciones seccionales del 2023. Según explican dos analistas, quienes indican que al no existir una sentencia condenatoria en ninguno de los procesos contra el radiodifusor, todavía goza de derechos políticos.

Fue en septiembre del año pasado, cuando Yunda abandonó definitivamente su cargo, luego de que una organización civil lo acusara por incumplimiento de funciones. Desde entonces, se dedicó a sus empresas. Sin embargo, en los últimos meses ha aparecido en partidos de ecuavóley y se muestra más activo en redes sociales.

De hecho, en una de sus últimas publicaciones en Twitter, parecía estar optimista frente a los resultados de los próximos comicios. «Me han hecho llegar encuestas hechas por mis adversarios y, tan tan, estoy en primer lugar, esto hará que los medios ‘independientes’ y los ‘grandes’ intereses, ordenen que no me dejen participar», escribió.

Así mismo, ha mencionado que la gente de a pie y dirigentes barriales son quienes lo invitan a participar de nuevo en la política. Y es que, por el momento, todo parece indicar que Yunda sería otra vez candidato, pese a que sobre él hay más de un proceso de índole judicial y electoral.

Jorge Yunda fue removido por el Concejo Metropolitano en junio del año pasado. Foto: API.

Procesos legales inconclusos.

El abogado constitucionalista, Ismael Quintana, explica que una persona no puede participar en elecciones por dos causas: si es que pierde su derecho político de acuerdo a los parámetros del artículo 64 de la Constitución o al existir una sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos como el cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado, entre otros casos, también estipulados en la carta magna.

Yunda impugnó la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que había confirmado la legalidad de la remoción por parte del Consejo Metropolitano. Además, el juez Ángel Torres sentenció al exalcalde por infracción electoral muy grave, con lo que perdió sus derechos políticos, pero la causa está detenida porque el exfuncionario apeló. A esto hay que sumarle que algunos jueces del tribunal están recusados.

Por otro lado, existe un juicio por presunto peculado en la compra de 100.000 pruebas para detectar el Covid-19, que habría dejado un perjuicio de 2.5 millones, según confirmó la Contraloría General del Estado (CGE). No obstante, Yunda recusó a Fabián Fabara, uno de los tres jueces que conformaron el tribunal. La defensa del juez apeló la decisión y hasta ahora no se sabe la suerte que correrá el caso.

“Si hasta la fecha de inscripción de la candidatura no tiene condena ejecutoriada en el proceso penal y, por otro lado, sentencia ratificatoria del TCE, Yunda puede ir a las elecciones”, puntualizó Quintana.

Agrega que en caso de que el radiodifusor logre inscribirse, gozaría de inmunidad desde la apertura de su candidatura hasta la proclamación de resultados.

Lo que no me explico es la demora en el proceso del TCE, es decir, que contrario a lo que pasa en la justicia ordinaria o incluso en la Corte Constitucional, tiene un número de causas absolutamente inferior”, comenta el jurista, quien considera que el proceso no avanza “quizás por vagancia o cálculos políticos”.

También recalca que la condena penal inhabilita para siempre a una persona para que participe en elecciones, mientras la suspensión de derechos políticos es temporal, alrededor de tres años.

Fuente: Vistazo.

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