En el marco del caso Plaga, el exfuncionario de la Judicatura, Michael Hernández, rendirá su testimonio anticipado. Hernández se entregó a la Fiscalía el 27 de julio de 2024, después de que se le ordenara prisión preventiva por su supuesta implicación en esta causa. El abogado, que en 2023 se desempeñaba como director de la Escuela de la Función Judicial, será uno de los procesados que brindará detalles sobre la “organización delictiva” que, según la Fiscalía, operaba en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para obtener resoluciones favorables a cambio de sobornos.
La Fiscalía ha identificado a Hernández como colaborador en una red criminal que gestionaba favores judiciales en la CNJ. Según las investigaciones, Hernández habría recibido $50,000 del líder de la organización, Christian R., abogado que también enfrenta cargos en los casos Plaga y Metástasis, y quien había defendido al narcotraficante Leandro Norero. La Fiscalía alega que Hernández facilitaba el traslado de internos entre centros de rehabilitación, coordinaba audiencias con operadores judiciales y manipulaba certificados médicos para beneficiar a sus clientes.
Además, Hernández mantenía conexiones con un juez de la Corte Nacional, que se investiga en relación con el caso Vocales. Su testimonio anticipado se suma a los de otros procesados como los abogados Hugo Alexander L. O. y Lenín Vimos, el funcionario penitenciario Xavier A., y los exjueces de Manabí Joffre R. y Simón G. T. Los testimonios de Omar Israel J. B. y Ángel Harry L. V. han sido reprogramados para el 2 y 3 de septiembre, respectivamente, por decisión del conjuez Vinicio Rodríguez.
En otro desarrollo, la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio para los 31 procesados en el caso Purga, que se iba a llevar a cabo el 28 de agosto, fue pospuesta por solicitud de la Fiscalía. La razón es que aún se está recibiendo información adicional en el expediente, a pesar de que el período de instrucción fiscal ha terminado.
Xavier A., uno de los procesados, ha solicitado acogerse al procedimiento abreviado. Este mecanismo le permitiría reconocer su participación en el delito a cambio de una reducción en la pena. El artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que quienes formen parte de una organización delictiva estructurada pueden recibir penas de siete a diez años de prisión, mientras que los colaboradores podrían enfrentar penas de cinco a siete años. Xavier A., exfuncionario del Centro de Privación de Libertad (CPL) Azuay número 1, estaba encargado del área jurídica y supuestamente facilitaba la emisión de boletas de excarcelación y atraía a internos para obtener beneficios económicos.
