La madrugada del 29 de abril, una alarmante escena conmocionó a los habitantes del nororiente de Quito: dos hombres fueron hallados en las orillas del río Machángara, tras ser arrojados desde el puente de Guápulo. En un principio, el hecho fue denunciado como un presunto secuestro relacionado con la venta de un vehículo, según narró un sobreviviente. Sin embargo, la investigación policial descartó esta versión y reveló una realidad más compleja.
Según informó Galo Muñoz, representante de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased), el caso no se trató de un secuestro común. “Este hecho violento responde a un ajuste de cuentas entre integrantes de una organización delictiva dedicada a la comercialización de vehículos de alta gama de dudosa procedencia”, declaró el funcionario.
Las víctimas tenían antecedentes penales
Los dos hombres involucrados, ambos de nacionalidad extranjera, ya figuraban en los registros policiales. “Víctimas y victimarios ya se conocían desde hace mucho tiempo”, agregó Muñoz, sugiriendo la existencia de una relación previa dentro del mismo entorno criminal. Esta conexión fue clave para desmentir la versión inicial y cambiar el rumbo de la investigación.
El hecho ocurrió tras una supuesta transacción de un vehículo. El sobreviviente, herido, logró pedir ayuda desde un local en la avenida Simón Bolívar. Según el reporte del Cuerpo de Bomberos de Quito, la víctima relató que él y su acompañante fueron retenidos en el sector de Florida Alta, golpeados brutalmente y posteriormente llevados hasta Guápulo, donde fueron lanzados desde un barranco.
El acompañante del denunciante no sobrevivió al impacto y fue encontrado sin vida junto al cauce del río, lo que elevó la gravedad del caso y movilizó a las autoridades.
Ajuste de cuentas ligado al mercado ilegal de vehículos
La Policía presume que este crimen responde a una disputa interna por negocios ilícitos vinculados al tráfico de autos robados o de procedencia irregular. En Ecuador, estas redes han ganado fuerza en los últimos años, convirtiéndose en una fuente de violencia entre grupos rivales que buscan controlar el mercado.
La investigación continúa abierta, con el objetivo de identificar y capturar a todos los responsables. Las autoridades insisten en que se trata de un caso aislado dentro del contexto de delincuencia organizada, no de una ola de secuestros como se pensó inicialmente.
