En el marco del caso conocido como Metástasis, un total de 37 personas están acusadas de pertenecer a una organización delictiva. La audiencia preparatoria de juicio se lleva a cabo en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), donde la Fiscalía y la Procuraduría General del Estado han solicitado que todos los procesados sean llamados a juicio por el delito de delincuencia organizada.
Este viernes, 20 de septiembre, se cumplió el octavo día de audiencias, en el que las defensas de los acusados, incluidos cuatro líderes de la supuesta «empresa criminal» y 33 colaboradores, han argumentado su rechazo al dictamen acusatorio presentado por la Fiscalía. Los abogados sostienen que no hay pruebas suficientes que demuestren la participación de sus clientes en la organización, señalando que la Fiscalía no ha presentado los elementos necesarios para respaldar las acusaciones.
Entre los acusados se encuentran figuras destacadas, como Carlos Z., expresidente de la Corte de Justicia de Manabí, y Yanina V., exfiscal provincial del Guayas. Durante la audiencia, los abogados de los procesados han solicitado que se emita un auto de sobreseimiento y que se levanten las medidas cautelares impuestas.
La Fiscalía investiga una presunta organización criminal que, según sus informes, habría infiltrado el sistema judicial y cooptado a funcionarios judiciales en varias provincias. Se alega que este grupo estaba liderado por el narcotraficante Leandro Norero, quien supuestamente manipulaba el sistema para obtener fallos judiciales favorables.
Hasta ahora, se han presentado las defensas de cuatro acusados de ser parte de la cúpula de esta organización, así como diez abogados que representan a los otros 33 colaboradores. Se espera que las exposiciones de los abogados continúen durante el fin de semana, con el objetivo de concluir la diligencia entre el 21 y 22 de septiembre.
Al finalizar las intervenciones, el conjuez Manuel Cabrera revisará la posibilidad de llegar a acuerdos probatorios o de excluir pruebas. Se anticipa que el magistrado tomará su tiempo para deliberar, dado el extenso expediente y las numerosas exposiciones presentadas.
El artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que cualquier persona que forme parte de un grupo estructurado de tres o más individuos, destinado a cometer delitos, enfrentará penas de prisión de entre siete y diez años. Aquellos considerados colaboradores también enfrentarían penas de cinco a siete años.
El desenlace de este caso es crucial, no solo para los acusados, sino también para la percepción de la justicia en Ecuador, en un contexto donde la lucha contra la delincuencia organizada es cada vez más urgente.
